Última llamada para México: organizaciones lanzan plan de acción climática para quienes buscan gobernar en 2024
El pan de acción busca ayudar a quien gobierne en 2024 a encontrar soluciones a los problemas del país por la crisis climática, pues el sexenio próximo es la última oportunidad para revertirla, advierte el documento.
Organizaciones, activistas y especialistas en cambio climático lanzaron este martes un plan de acción de emergencia, para que quienes buscan gobernar en 2024 adopten medidas en sus plataformas políticas y ayuden a encontrar soluciones a problemas que ya enfrenta México por efectos de la crisis climática.
El Plan —elaborado por organizaciones y más de 500 especialistas consultados— busca que entre 2024 y 2030, México avance rumbo a la descarbonización y sea cada vez menos dependiente de los combustibles fósiles y de las actividades extractivas.
La campaña “México Resiliente: Hacia la construcción de un Plan de Descarbonización y Resiliencia Climática 2024-2030” busca también busca generar un diálogo con ciudadanos y actores económicos mediante 7 ejes de trabajo.
“Las y los líderes que gobiernen el país en el siguiente sexenio tendrán en sus manos la última oportunidad de acelerar la acción climática, de acuerdo a lo que la ciencia ha señalado, y revertir el camino asegurando un ambiente sano y vivible para las generaciones presentes y futuras”, señala la publicación del plan, la cual será pública y revisada periódicamente para reportar sus avances.
Hacia una economía circular regenerativa
Este eje consiste en promover políticas públicas que aseguren el desarrollo económico sin el deterioro del medio ambiente, e incluso que busquen la regeneración de ecosistemas, principalmente en sectores que generan más Gases de Efecto Invernadero (GEI), como la minería, la construcción, el transporte, y industrias de acero, cemento, aluminio, así como la producción de plásticos.
Al mismo tiempo, propone facilidades para que las industrias transformen el uso de los recursos mediante acciones de “ecodiseño”, cómo reutilización y reciclaje de materiales, así como regeneración de ecosistemas.
Este eje busca fortalecer capacidades del sector privado hacia él aprovechamiento de residuos de redes agroalimentarias, para favorecer su soberanía alimentaria y bioenergética.
También busca implementar esquemas de financiamiento y fondeo que promuevan la economía social y solidaria.
Transición energética justa
El plan propone una política de transición energética que por perspectiva ambiental y climática que incremente las metas de generación de electricidad con fuentes renovables en al menos 50% para 2030,pero dando prioridad a proyectos locales y comunitarios.
Esto también incluye mecanismos de acceso a la energía en poblaciones indígenas, afrodescendientes, y campesinas), que promueva la reducción y el uso eficiente de la energía de uso doméstico, industrial y de servicios públicos
Además, se exige una estrategia para terminar con las inversiones públicas y privadas en nuevos proyectos de combustibles fósiles, especialmente en la práctica del fracking, para la explotación de yacimientos petroleros,
Al mismo tiempo, plantea inversión para el desarrollo de combustibles alternativos (hidrógeno y biocombustibles avanzados) que logren sustituir y abastecer la demanda de energía.
Otra de las metas en este tema es crear un plan de descarbonización para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para transformar sus procesos por unos más eficientes y aprovechar sus capacidades en el desarrollo de nuevas industrias como la geotermia.
El plan propone la modernización de los sistemas de transporte público y el de carga, impulsando su electrificación con programas de inversión pública y privada.
Defender el territorio
La iniciativa sostiene que se deben financiar instrumentos de ordenamiento ecológico y territorial para la ocupación y movilidad que minimicen los impactos en los territorios.
También menciona el impulso a las soluciones locales productivas sostenibles en el territorio rural, principalmente de tipo agropecuario, actividades forestales, de recolección silvícola, pesca y acuicultura, así como en la extracción de materiales de construcción y de minerales, o de servicios turísticos.
Incluso, propone el rediseño de mecanismos y procedimientos administrativos sobre el uso de territorios en comunidades originarias, tomando en cuenta la participación, consulta previa, libre, culturalmente adecuada y a la información (en su lengua indígena y español), durante los procesos.
A la par, el plan pide fortalecer la participación y liderazgos de las mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad, en zonas rurales y urbanas, en la defensa del territorio.
Suelos y seguridad alimentaria
Las organizaciones buscan que se impulsen políticas que reconozcan a los suelos como ecosistemas vivos y con potencial para el almacenamiento de carbono para mitigar efectos de la crisis climática y que al mismo tiempo permitan el rendimiento de cultivos para lograr la seguridad alimentaria.
La agenda propone modelos de producción sostenible y regenerativa de alimentos que aseguren la producción local y acorten las redes de valor y suministro para reducir la huella de carbono en todo el proceso actual en la distribución de alimento.
También establece el derecho a la soberanía alimentaria de las comunidades locales, indígenas, afrodescendientes,y de las comunidades agrícolas, en sus propios sistemas alimentarios.
Además propone la promoción de modelos que articulen la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, la transición energética justa y la seguridad pública.
Agua
De acuerdo con el plan, se busca una política que contemple la gestión del agua como eje central, tomando en cuenta el equilibrio de su ciclo y reduciendo emisiones derivadas de la construcción de infraestructura para su tratamiento, saneamiento y distribución.
La iniciativa busca que se impulse la “productividad biológica de los ecosistemas” y acciones que incrementen su resiliencia ante los impactos del cambio climático.
También propone la aprobación una ley general con enfoque de derechos humanos con inclusión social e igualdad en el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos.
Incluso con una ley que garantice el derecho humano al agua a todas las personas incluyendo la autogestión y el manejo pluricultural que realizan las comunidades indígenas y campesinas.
Las organizaciones proponen integrar información climática y diferenciada en los planes de previsión ante las sequías en las regiones más vulnerables
De igual forma, considerar los desastres hidrometeorológicos como parte central de la prevención de riesgos y crear estrategias que prevengan impactos esperados y atiendan pérdidas y daños por estos fenómenos.
En el mismo tema, proponen una política de protección y aprovechamiento sostenible de los océanos, fomentado la pesca, turismo y nuevas industrias sostenibles, la protección y restauración de ecosistemas costero-marinos, y la eliminación de la contaminación y plásticos de un solo uso.
Ciudades sustentables
El plan ubica una política para la planeación, el ordenamiento y la gestión urbana, ante el crecimiento de las ciudades.
Para esto también contempla infraestructura con soluciones basadas en la naturaleza; inversiones para acelerar la recuperación, modernización y reverdecimiento de espacios públicos en ciudades, así como de caminos y carreteras absorbidas por el crecimiento urbano.
La agenda de compromisos incluye sistemas de movilidad que prioricen el transporte masivo eléctrico y no motorizado.
De acuerdo con la propuesta, también se debe modificar la ley y reglamentos de construcción de viviendas, edificios y obras públicas, para promover la eficiencia energética y la energía renovable.
Finanzas sostenibles
En este sector, las organizaciones proponen diseñar una reforma fiscal que permita “reducir la dependencia de los ingresos nacionales de los combustibles fósiles”, y así diversificar las fuentes de ingresos a través de impuestos sostenibles y la generación de empleos en nuevas industrias regenerativas, renovables.
Esto también incluye un impuesto al carbono en todas las actividades intensivas, como la producción de gas, y diseñando un fideicomiso que permita recibir lo recaudado para inversión en proyectos de bajas emisiones, en beneficio de las personas más vulnerables a la crisis climática.
Incluso, se propone una regulación que obligue a gobiernos y empresas a integrar aspectos ambientales en sus inversiones.
Revisión periódica a candidatos
Las y los convocantes señalaron que compartirán periódicamente sus observaciones sobre las campañas de los candidatos para promover una mayor ambición climática, sin tintes partidistas.
“El plan de descarbonización se está diseñando desde consensos científicos, por lo que, debería terminar incluido por quienes ganen las elecciones del 2024 en el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes estatales y en las agendas legislativas para el periodo 2024-2030, sus conclusiones deben integrarse en las políticas y presupuestos públicos”, indicó Iyari Balderas de la Red de Acción Climática, durante la presentación de la campaña.
Fuente: Animal Politico
