Corrupción inmobiliaria en BJ: empresa simula vivienda de interés social para construir edificio que viola la altura permitida

En Febo 17, la empresa Febo Realidad, SA de CV, quiso hacer pasar un proyecto como vivienda de interés social. Además, el edificio tiene ocho pisos, cuando el límite en la zona es de tres. Aunque vecinos inconformes obtuvieron una sentencia favorable en un juzgado, la alcaldía ha incumplido con demoler los niveles excedentes. 

Lo que parecía ser un proyecto público de vivienda de interés social construido bajo el amparo de la Norma 26 en la colonia Crédito Constructor, en la alcaldía Benito Juárez, terminó revelando un esquema de corrupción inmobiliaria contra el que vecinos han luchado por cinco años, sin que a la fecha —a pesar de existir una orden judicial— la demarcación gobernada por Santiago Taboada cumpla con la demolición de los pisos excedentes.

Se trata del inmueble edificado en Febo 17, donde los lugareños pensaron que se llevaría a cabo un proyecto de vivienda de interés social a cargo del Instituto de Vivienda de la CDMX (Invi), pues eso leyeron en una manta que se colocó afuera del predio mientras se demolía la casa que ocupaba el terreno.

Aunque todo marchaba en aparente orden, de pronto los colonos vieron que se estaban construyendo más niveles de los permitidos en la zona, pues la estructura ya alcanzaba los siete pisos cuando la normatividad urbana permite un máximo de tres niveles.

“Aquí el asunto es que los cachamos sin querer, porque nosotros sí pensamos que era obra del Invi, y resultó que el Invi pidió todos los permisos como si fuera suya y era (una obra) privada con una norma que estaba suspendida para los particulares. Ahí sí dijimos: ‘Aquí hay gato encerrado’”, relató Rosa María Rojas, vecina y abogada que ha dado seguimiento al caso.

Desde agosto de 2018, cuando detectaron esta primera irregularidad, los colonos promovieron un juicio de amparo que se resolvió apenas en noviembre pasado. Sin embargo, en el camino pudieron confirmar anomalías como que nunca se trató de un proyecto del Invi —aunque se buscó que así fuera— y el instituto debió desistirse de cualquier autorización otorgada a su nombre.

Otra irregularidad descubierta fue la existencia de un documento firmado por Nicias Aridjis —exfuncionario de la alcaldía, hoy en prisión domiciliaria, señalado de participar en esquemas de corrupción inmobiliaria—, con el cual la empresa constructora argumentaba que la demarcación, en ese momento gobernada por Christian Von Roehrich —detenido el jueves pasado—, había dado legalidad a la obra. Pero después del trabajo de los vecinos en tribunales, la alcaldía dio a conocer que se trataba de un documento apócrifo que no estaba en sus archivos.

“No le tocaron ni un pelo a este señor Nicias, pero lo que sí hizo la alcaldía fue meter una denuncia en contra de la inmobiliaria, pero nunca contra el funcionario que emitió y firmó el documento”, dijo Rosa María.

Este caso no es ajeno al alcalde Taboada, pues el 7 de enero de 2019, tres meses después de asumir el cargo, realizó una conferencia de prensa afuera de este inmueble, donde afirmó: “Lo dijimos en campaña y lo sostenemos: ni un centímetro más de varilla fuera de la ley, el desarrollo urbano se llevará a cabo conforme la ley lo determine, es decir, el número de niveles permitidos, ni un nivel ni un departamento adicional de más”. Incluso, mostró fotografías en las que se confirmaba que cuatro niveles de dicha construcción eran irregulares.

De hecho, para reelegirse en 2021, Taboada aún mencionó este caso en un debate, cuando se les preguntó sobre desarrollo urbano.

“Yo me comprometí hace tres años a que ni un centímetro más de varilla fuera de la ley y lo cumplimos, y para muestra basta un botón. En Febo 17 no hemos permitido que siquiera ingresen al inmueble porque estamos del lado de los vecinos”, dijo, pero el inmueble que prácticamente está concluido sigue en pie, violando la normatividad.
“El primer amparo que metimos por fin se resolvió en noviembre del año pasado y nos concedieron el amparo (…) ordenando al alcalde que debe verificar que ese edificio quede en tres niveles porque es el uso de suelo permitido a particulares, ya es una sentencia de amparo terminal, ya no se puede modificar, eso los vecinos ya lo ganamos. ¿Y sabes qué hizo la alcaldía? Presentó una resolución de verificación que fue anulada desde 2019”, criticó Rosa María.

Así, la lucha de los vecinos tendrá que seguir, porque ante la respuesta de la alcaldía tuvieron que promover un recurso contra ella que aún debe resolverse.

Lo único que ha hecho la demarcación y que fue celebrado por los vecinos fue solicitar la custodia de los folios reales del inmueble, acción que ha impedido que los departamentos sean puestos en venta.

“No nos hacen caso, ya no queremos pedir nada más que cumplan con la ley, que ya no le den vueltas, que ya no den chicanadas ni hagan tonterías, porque lo único que demuestran es que no hay ningún cambio, parecen ser igual de corruptos”, dijo el vecino Horacio Macías, integrante del comité vecinal de la colonia Crédito Constructor.

¿Norma 26 suspendida para particulares?

Si no hubiera sido porque en agosto de 2018 los vecinos se ampararon y el juez concedió la suspensión provisional de la obra —con lo que confirmaron que el proyecto no era del Invi–, probablemente los departamentos que se construían en Febo 17 habrían sido terminados, vendidos y ocupados.

“Tenían que haber parado la construcción, pero siguieron y empezaron a trabajar más rápido. Yo me acuerdo que en esos días me la pasaba yendo al juzgado y les decía: ‘¿Qué pasa, no están parando?’. Y llevé un escrito en el que pedimos que dieran vista al Ministerio Público y en eso fue cuando el Invi metió un escrito como justificándose diciendo: ‘La obra no es nuestra, es de un particular’”, recordó Rosa María.

De acuerdo con un documento del Invi con fecha del 20 de septiembre de 2018, en el que da contestación a la solicitud de suspensión provisional ordenada por el juez —del cual este medio tiene copia—, en efecto se habían iniciado trámites para que la empresa Febo Realidad, SA de CV, y el Invi constituyeran un fideicomiso traslativo de dominio. Sin embargo, el 19 de septiembre de 2018, 12 días después de que el juez concedió la suspensión provisional, la inmobiliaria envió un oficio al Invi diciendo que ya no estaba interesada en la constitución del fideicomiso y solicitaba cancelar el trámite gestionado.

“Que la construcción que se está ejecutando (…) ha sido llevada a cabo con recursos propios; que tiene los permisos correspondientes para llevar a cabo dicha construcción; y solicita la cancelación del aviso de obra, así como de cualquier otro trámite”, detalla el Invi sobre el documento que recibió de la inmobiliaria.

Después de esto, los vecinos explicaron que la constructora, para defender la ilegalidad de la obra, mostró un oficio de una sola cuartilla por ambos lados denominado “Regularización de construcciones de inmuebles destinados a vivienda”, con fecha del 14 de agosto de 2018, es decir, casi un mes antes de que la inmobiliaria solicitara al Invi no seguir con su trámite, el cual está firmado por el entonces director general de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía, Nicias Aridjis.

El documento —del cual también tiene copia este medio— señala que el predio tiene una dimensión de 206 metros y la superficie total por regularizar es de mil 365 metros, con un número total de 12 viviendas y ocho pisos, pero este oficio fue desestimado por la propia alcaldía, que afirmó no tenerlo en sus registros.

“Es inconcuso (indudable) que la obra que se está llevando a cabo en el predio ubicado en Febo 17, colonia Crédito Constructor, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, no cuenta con la documentación legal que la soporte”, dice la sentencia de amparo terminal que recibieron los vecinos en noviembre.

“Ello es así, pues como se ha visto, la obra se inició y autorizó, en conformidad con lo dispuesto en la Norma de Ordenación número 26, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), el 10 de agosto de 2010, es decir, para la construcción de viviendas de interés social, y siempre y cuando se cumpliera con los requisitos allí previstos”, agrega.

La Norma 26 tenía como propósito el incentivar la construcción de vivienda de interés social en la ciudad. Sin embargo, constructores e inmobiliarias encontraron en su aplicación una mina de oro al tramitar permisos bajo su amparo y construir viviendas que vendían unas tres o cuatro veces más caras de lo que la norma les permitía.

Ante esto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) procedió a suspender su aplicación generalizada y solo podría usarla el Invi. No obstante, en este caso, un particular comenzó su proyecto amparado en esta normatividad, de acuerdo con lo que concluyó el juez en el juicio de amparo.

Animal Político buscó al Invi y a la alcaldía Benito Juárez para abordar este caso, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Vecinos esperan demolición

“La alcaldía Benito Juárez deberá, en el ámbito de sus facultades, llevar a cabo las acciones que correspondan con el fin de verificar que la obra que se realiza en el predio ubicado en Febo 17, colonia Crédito Constructor, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, se ajuste a la zonificación aplicable, a saber; H/3/20/B (habitacional tres niveles máximos de construcción), así como para que lleve a cabo que se cumplan las medidas de seguridad que correspondan”, dice la sentencia de amparo, pero al momento esto no ha avanzado.

De hecho, los vecinos reprocharon que, para alargar el procedimiento, la alcaldía presentó el resultado de una visita de verificación que llevó a cabo en 2019, meses después de que Taboada sucediera a Christian Von Roehrich. La visita, a pesar de haber constatado la ilegalidad de la obra, quedó sin efectos porque la demarcación dejó vencer los plazos contemplados en la ley.

Ahora, con esa verificación de 2019, la alcaldía pretende justificar el cumplimiento de una sentencia de amparo de noviembre de 2022.

“El papel de la alcaldía ha sido un poco incoherente porque por un lado custodia los folios y manda la clausura, porque no le quedaba de otra, pero después de eso nos dejaron solos (…) Si realmente hubiera tenido las ganas de hacer las cosas, en el momento que salió la sentencia va y cumple, obliga a la constructora que lleve a cabo la demolición, pero se lava las manos y dicen que ellos ya cumplieron con la sentencia”, reclamó el vecino Horacio Macías.

“Ellos (la alcaldía) le dijeron al juez de distrito: ‘Ay, no, yo ya cumplí, acá está esta resolución en donde yo ordeno demoler’. Pero a nosotros nos dio mucho coraje porque esa resolución sabemos que se anuló ya en otro juicio y la anularon por culpa de ellos (la alcaldía)”, agregó la vecina Rosa María Rojas.

Los colonos confirmaron que la respuesta dada por la alcaldía fue aceptada por el juez de distrito y que ellos se enteraron porque el juez les dio vista de ello. Por esto, en febrero pasado tuvieron que promover un recurso de inconformidad contra ese auto de cumplimiento.

“A mí lo que me preocupa es que ya hay una sentencia de amparo que ordena que ese edificio quede de tres niveles, ya quedó súper probado que es ilegal, que no tiene documentos, que no tiene sustento porque el Invi se desistió, no hay registro de obra terminada, nada, y sin embargo, el alcalde está diciendo en todos lados que él es una víctima y es un perseguido político porque él sí cumple con la ley, y ahí está esa sentencia y no la está cumpliendo”, reclamó Rosa María.

Fuente: Animal Politico