Los jueces ratifican la decisión en primera instancia, dictada en septiembre, que señalaba que no había pruebas suficientes contra el exalcalde de Iguala. Abarca seguirá preso por otro secuestro.
Un tribunal unitario ha confirmado la absolución de José Luis Abarca por el secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hace casi nueve años, en Iguala, en el Estado de Guerrero. El tribunal confirma la decisión del juez de primera instancia, Samuel Ventura, que en septiembre liberó a Abarca de este delito. Condenado a 92 años de cárcel por el secuestro de seis activistas de la región, el alcalde de Iguala, en la época del ataque contra los estudiantes, seguirá en prisión.
La decisión supone un mazazo para la Fiscalía General de la República (FGR), en particular para la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UELICA), que dirige Rosendo Gómez Piedra. A la Fiscalía le queda todavía el recurso del amparo, que vería un tribunal colegiado. Vista la decisión de las primeras dos instancias, tomada pese a las críticas de la Fiscalía y del Gobierno federal, parece difícil que el colegiado enmiende a sus colegas.
En septiembre, tanto la FGR como el subsecretario de Derechos Humanos y encargado de la comisión presidencial que investiga el caso, Alejandro Encinas, fueron muy críticos con la decisión del juez Ventura. De hecho, las secretarías de Gobernación y de Protección y Seguridad Ciudadana informaron de que habían presentado una denuncia por delitos contra la administración de justicia contra el juez. En esta ocasión, ni Encinas ni la FGR se han pronunciado.
La decisión del tribunal ilustra las dificultades para hacer justicia en el caso Ayotzinapa, investigación partida en pedazos, repartidos en varios tribunales a lo largo y ancho del país. Durante estos años, los jueces han tumbado procesos contra decenas de detenidos, en algunos casos por las torturas que estos habían sufrido durante su detención. Otras, porque según los jueces, la FGR, antes Procuraduría General de la República, no había sido capaz de sustentar los delitos imputados.
Así ocurrió hace unos días, por ejemplo, con Sidronio Casarrubias y con el mismo Abarca. Desde el ataque contra los normalistas, en septiembre de 2014, Casarrubias ha sido señalado como uno de los líderes de Guerreros Unidos, organización criminal que habría catalizado la embestida, apoyada en las policías de Iguala y otros pueblos a la redonda, ante la omisión consciente o inconsciente de otras corporaciones de seguridad. Acusado de delincuencia organizada, el juez señaló que la Fiscalía no había sido capaz siquiera de probar la existencia de Guerreros Unidos. Menos aún de probar la pertenencia de Casarrubias al grupo.
Con Abarca, la situación resultó idéntica. Esposo de María de los Ángeles Pineda, familiar de varios integrantes del grupo criminal, el exalcalde de Iguala ha sido señalado por integrantes de Guerreros Unidos de ser parte de la trama criminal de Iguala. Ante el juez, sin embargo, los fiscales fallaron. La FGR “intentó acreditar la existencia de la organización con sentencias dictadas en distintos procesos”, explicó el Consejo de la Judicatura Federal en un comunicado, tras la absolución de ambos. “Sin embargo, en ellas se tuvo por acreditada la existencia de diversas agrupaciones criminales, como el ‘Cartel de los Beltrán Leyva’ y ‘La Barredora’. De su contenido no hay dato de que la primera [esto es, Guerreros Unidos] deriva de las segundas”.
Abarca y su esposa protagonizaron una de las primeras detenciones mediáticas del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) en el contexto de las pesquisas por el caso Ayotzinapa. Ya entonces, los investigadores consideraban que el alcalde de Iguala estaba detrás del ataque contra los estudiantes normalistas, de ahí la acusación de secuestro. Con el paso de los años, los investigadores han acumulado nuevas pruebas, algunas controvertidas, como las recogidas en el informe que presentó la comisión presidencial en agosto. En el documento, se establece: “A1 dio la orden de recuperar la mercancía: ‘me chingan a todos a discreción”. A1, dijo el subsecretario Encinas, es José Luis Abarca. Según el informe, Abarca mandó mensajes como el anterior o este último: “Mátalos a todos, Iguala es mío”.
Sin embargo, el grupo de investigadores independientes del caso, comisionados a México por la CIDH, el GIEI, ha señalado que parte de las pruebas recopiladas estos años por la comisión, concretamente cuatro centenares de capturas de pantalla de supuestos mensajes enviados por la red criminal de Iguala, no son verificables. Esto, porque la comisión no ha podido comprobar su origen. Con año y medio antes de que concluya el sexenio, el tiempo de que gozan los equipos de investigación para cerrar esta y otras patas de las pesquisas se agota.
Crédito: EL PAÍS
