De Chiapas a la CDMX, Madres en Resistencia exigen a instituciones federales justicia en casos de violencia

Antes de vivir la violencia en carne propia, las Madres en Resistencia de Chiapas pensaban que las desapariciones forzadas y los feminicidios ocurrían solo en otros estados, que eran asuntos de los noticieros de televisión. Pero cuando les tocó a sus hijas, las cuatro mujeres chiapanecas tuvieron que tomar el camino que emprendieron muchas otras madres en México: se capacitaron sobre leyes y protocolos, perdieron la pena para tocar puertas, se organizaron entre ellas. 

Fundaron así Madres en Resistencia, el primer colectivo de madres de víctimas de la violencia en Chiapas que es autónomo de los partidos políticos y, a mediados de mayo, organizaron un plantón frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. La gente se les acercaba, los periodistas las entrevistaban. Obtuvieron una reunión con el gobernador Rutilio Escandón y una serie de juntas en la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque todo esto les pareció “una simulación”. 

Por esta razón, decidieron viajar a la Ciudad de México, donde el martes fueron atendidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y dieron una rueda de prensa en el Senado, y este miércoles fueron atendidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Secretaría de Gobernación (Segob). Sus reuniones seguirán en los próximos días.

Las Madres en Resistencia exigen justicia para sus hijas y quieren visibilizar la corrupción en el sistema de justicia de Chiapas, un estado que —afirman— no es seguro como el gobierno lo promociona. 

Cassandra

A Cassandra Isabel Arias Torres se la llevaron porque no paraba de gritar “¿Dónde está mi hijo?”. Era el día de la boda de su madre, el 17 de diciembre de 2022, y unos hombres armados irrumpieron en el salón de fiestas de Berriozábal. Traían en el pecho las siglas de la FGE y se presentaron como integrantes de este órgano. 

“Todos abajo, celulares y carteras en la mesa”, gritaron al entrar, pero la joven de 18 años no les prestó atención y no paraba de preguntar por su hijito, que se encontraba en otra mesa. Se la llevaron junto con su novio, su tío y un músico. 

“Creo que todo esto se debe al novio, lo conocíamos poco y es como si fuera un fantasma: nadie lo está buscando, no hay fotos de él y en la fiscalía me dijeron que hasta su nombre es falso”, dice Isabel Torres, madre de Cassandra. Según ella, se llevaron a su hermano y al músico porque tenían la misma conformación física del novio de Cassandra y es por lo que el día después, tras confirmar su identidad, los soltaron. Al hacerlo, les dijeron que en la noche iban a dejar también a Cassandra, pero nunca la liberaron.

“Estoy convencida de que sí fue la fiscalía y que sigue teniendo a mi hija. Se trata de un caso de desaparición forzada, pues hay servidores públicos involucrados”, dice Isabel. Una prueba más es, para ella, el hecho de que las camionetas con los cuatro secuestrados pasaron “como si nada” un retén, a pesar de que había hombres armados y encapuchados en la parte de atrás. Además, la Dirección Estatal de C5 no entregó el video de una de las cámaras que permitiría apreciar las placas de las camionetas.

Hace como un mes, Isabel vio en redes sociales una acción que las Madres en Resistencia y el Comité Junax Ko’tantic —que busca a migrantes chiapanecos desaparecidos— llevaron a cabo en San Cristóbal de Las Casas, en ocasión del 10 de mayo. Decidió buscar a las Madres en Resistencia, colectivo que en ese momento estaba conformado por tres madres de víctimas de feminicidio, para unirse a ellas y buscar a Cassandra.

“Ahora solicité que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga mi caso y estoy en espera de respuesta”, dice Isabel. “Vamos a seguir presionando para que haga su trabajo, estaremos ahí como cuchillitos, hasta que se desesperen de nosotras. No quiero que a mi hija me la entreguen en un cajón como se la han entregado a mis demás compañeras”.

Paola

Mientras hablaba en la plaza principal de San Cristóbal de Las Casas, Flor Emilia Alcázar Coutiño tenía el abrazo de las demás Madres en Resistencia. “No nos hacen caso, pero vamos a ir luchando hasta las últimas consecuencias, porque a nuestras hijas les quitaron sus proyectos de vida”, dijo al micrófono durante el acto público al que participaron este año en ocasión del 10 de mayo.

Flor se sumó a las Madres en Resistencia cuando encontró a Maricruz Velasco Nájera y Adriana Gómez Martínez en la presentación de un libro en Tuxtla Gutiérrez. Rápidamente, las tres mujeres se conectaron en su determinación de encontrar justicia por sus hijas asesinadas.

Paola Yazmín Ocampo Alcázar, hija de Flor y de 37 años, desapareció el 7 de diciembre de 2022. Como todas las mañanas, fue a la escuela primaria David Gómez de Tuxtla Gutiérrez, donde trabajaba como intendente. En la tarde no regresó a la casa y su familia empezó a buscarla. Antes que todo, en las instalaciones de la escuela: en los cuartos, en el jardín, en la cisterna. Paola no estaba. Sus familiares regresaron al día siguiente y se percataron de que alguien había puesto candado a una de las cisternas que ya habían revisado. Fue allí donde encontraron a Paola, flotando. 

“La escuela de mi hija es federal, así que el caso irá a la FGR, de esto estoy contenta”, dijo Flor a principios de junio, saliendo de una de las reuniones con la FGE que las Madres en Resistencia lograron obtener tras su plantón en Tuxtla Gutiérrez. “Somos una. De mis compañeras aprendí la importancia de estar juntas y apoyarnos. Gracias a la unidad logramos visibilizar nuestros casos y la situación que vivimos aquí en Chiapas”. De hecho, cada vez que una de ellas tiene una junta con las autoridades o acude a una oficina de gobierno, las demás la acompañan. 

Karla

Maricruz Velasco Nájera se acostó al lado de su hija Karla Yesenia Gómez Velasco. Le habló, la besó, la abrazó y revisó su cuerpo frío, tendido en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Tuxtla Gutiérrez. Tenía golpes y moretones, había perdido dos uñas y su cabello estaba alborotado, a pesar de que cuando salió de la casa lo tenía bien recogido. Maricruz no tuvo dudas: a Karla la habían asesinado y la FGE intentó venderle “una novela barata” para encubrir a personas que trabajan en política.

“Mi esposo y yo no somos peritos, no somos médicos, pero somos personas y analizamos también. O sea: no somos tontos”, dice Maricruz. “En el momento en que vi a mi hija entendí que fue violada y asesinada, y que luego le pasaron el carro encima para hacernos creer que se trató de un accidente”.

Era julio de 2018. Casi tres años después del feminicidio de la joven de 19 años, un hombre que trabajó con ella en la campaña electoral de Carlos Penagos —entonces candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez— fue condenado a ocho años por haberla atropellado. 

Tras la muerte de su hija, Maricruz y su esposo Manuel crearon la Fundación Karla Velasco, en la que siguen caminando. La mujer impulsó dos caravanas que la llevaron a viajar por el país exigiendo justicia para Karla y, con Adriana Gómez Martínez, fundó Madres en Resistencia. Lo que pidió ayer a la SCJN es que se brinde perspectiva de género al asesinato de su hija y que su caso sea reclasificado como feminicidio.

Jade

Adriana Gómez Martínez conoció a Maricruz Velasco Nájera en marzo de 2020, cuando esta acudió a la rueda de prensa que había organizado frente al Instituto del Deporte (Indeporte) de Tuxtla Gutiérrez. Dos meses antes, su hija Jade Guadalupe Yuing Gómez, de 13 años, había sido encontrada ahorcada en las instalaciones del instituto, donde entrenaba judo. 

Inmediatamente, Adriana entendió que no se trataba de suicidio, como demostró la pericia de una médica, que comprobó que la fractura en el cuello de Jade era debida a estrangulamiento. De acuerdo con Adriana, el ahorcamiento fue simulado y en un primer momento hasta se encontró una carta al lado del cuerpo sin vida de la niña, que luego se perdió.

“He descubierto tantas cosas que le estoy haciendo el trabajo a la FGE”, afirma Adriana, quien está convencida de que Indeporte —una institución donde entrenan deportistas de élite— está encubriendo el feminicidio para no manchar su reputación, y que la FGE está colaborando en manipular y esconder pruebas. 

Junto con Maricruz y otras madres, Adriana viajó a lo largo del país para contar su historia. Habló en las universidades, encontró activistas, dio entrevistas a la prensa. En varias ocasiones viajó a la Ciudad de México, donde repartió su carpeta de investigación, se plantó afuera de la mañanera y fue recibida por Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación. “En la reunión de ayer, pedí a la SCJN que envíen a Chiapas alguien que haga un peritaje de criminalística de campo, pues no confío en las autoridades chiapanecas”, dice Adriana.

Crédito: ANIMAL POLÍTICO