Cinco ex funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), incluido el anterior secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, fundaron una firma consultora que ofrece servicios diversos, como litigar asuntos electorales.
La empresa se llama Pénte + Soluciones y sus impulsores formaban parte del nivel más alto y especializado del INE durante la gestión de Lorenzo Córdova (2014-2023). En esa posición participaron, por ejemplo, en la impugnación de la reciente reforma electoral (plan B).
Uno de los socios de la firma aseguró que no hay conflicto de intereses ni impedimento legal para desarrollar esta actividad.
Socios
Son cinco los socios fundadores de Pénte + Soluciones: Jacobo Molina, Gabriel Mendoza Elvira, Carlos Ferrer Silva, Emilio Buendía Díaz y Javier Naranjo Silva.
El primero fue secretario ejecutivo del INE por casi 15 años, esto es, el mando del organismo en cuanto a administración y asuntos jurídicos. Actualmente –en su cuenta de Twitter– se presenta como “apasionado de la ejecución y experto en manejo de crisis. Melómano. Conferencista y columnista”.
Mendoza Elvira fue director jurídico del INE por ocho años, de enero de 2015 a abril de 2023; era subalterno de Jacobo Molina y ante el despido de aquel, como primer efecto del plan B, estuvo al frente de los abogados que presentaron los recursos en contra de la reforma, incluida la controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Acorde con el reglamento interno del INE, el director jurídico tiene bajo su responsabilidad “ejercer la figura de representante legal para la defensa de los intereses del instituto”.
Un caso similar ocurre con otro de los socios de la consultora, Ferrer Silva, quien hasta el 3 de abril pasado fue titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), el área investigadora del INE, cuyos resultados son presentados a consejeros y magistrados para emisión de sus resolutivos.
Por ejemplo, si un partido político interpone una denuncia contra otro, toca a la UTCE indagar y hacer el proyecto de dictamen, el cual es sometido a consideración de los tres consejeros que integran la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, para conceder o no medidas cautelares (como puede ser el retiro de propaganda) dentro de un procedimiento sancionador.
Ese mismo documento, elaborado por la mencionada unidad, pasa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un elemento para determinar si el acusado cometió una infracción.
Actualmente las áreas (secretaría ejecutiva, dirección jurídica y UTCE) tienen encargados que hasta hace poco eran subalternos de tres de los cinco socios de la consultora.
En tanto, Naranjo Silva se desempeñó de secretario particular de Córdova, y Emilio Buendía Díaz era el jefe de la oficina de la presidencia del Consejo General del INE.
Consultado sobre la creación de Pénte + Soluciones, Emilio Buendía, quien antes de entrar al INE fue subsecretario general de Acuerdos de la Sala Superior del TEPJF, indicó en entrevista que la firma es una fuente de trabajo y alternativa en la prestación de servicios profesionales.
“La lógica que está detrás de Pénte es la legalidad”, subrayó.
Dijo que como abogados conocen perfectamente la ley y por ello están seguros de que no tienen restricciones para ser asesores, además de que en su trayectoria siempre han actuado apegados a la norma.
Sostuvo que no hay impedimento para que realicen esta actividad; señaló incluso que “en el caso de que hubiera algún asunto en el que podríamos tener una duda, evidentemente podríamos excusarnos, no participar en ello”.
–Debido a que tocarán temas directamente de la responsabilidad del INE, ¿incurrirían en un asunto no ético, al litigar en contra del instituto del que fueron parte hace poco? –se le planteó.
–Somos abogados, antes del (trabajo en el) INE somos conocedores de la materia electoral. Estamos entusiasmados con los posibles proyectos que llegara a haber; en fin, yo no advierto conflicto de intereses, no percibo alguna disputa en términos de legalidad. Me parece que al final lo que ofrecemos, como profesionales con experiencia, es el conocimiento y eso es lo que estaríamos dando dentro de la consultora.
Buendía fue enfático en que este es un proyecto sólo de los cinco socios fundadores.
En los materiales para atraer clientes, Pénte + Soluciones ofrece asesorías en las materias constitucional, electoral y administrativa.
Por ejemplo, guiar en procesos de contrataciones y licitaciones públicas, así como en controversias constitucionales.
Sus servicios abarcan actividades vinculadas con “coaliciones y candidaturas” y derecho electoral, procedimientos administrativos sancionadores y las citadas medidas cautelares.
Además, pueden asesorar casos de financiamiento y fiscalización, formación de partidos políticos, desarrollo de campañas y propaganda electoral, entre otras.
“¿Que nos distingue? –se lee en el folleto informativo de la firma– Tenemos un genuino y profundo compromiso con el respeto y fomento de los valores democráticos y los derechos humanos. Trabajamos bajo los principios de honestidad y profesionalismo”.
Crédito: LA JORNADA