El PRIAN mete mano a comisión electoral, que iba a ser “independiente”, y la truena
El anuncio se da justo después de que el bloque opositor presentara el método para seleccionar a la persona que va a postular para competir en la elección presidencial del 2024, el cual despertó dudas y cuestionamientos entre algunas y algunos de los aspirantes.
El Consejo Electoral Ciudadano (CEC) anunció su disolución antes siquiera de entrar en funcionamiento. El llamado “mini INE”, un órgano que iba a ser ciudadano, autónomo e independiente, señaló en un comunicado de prensa que “el esquema bajo el cual se llevará el proceso de consulta ha cambiado respecto de lo originalmente planteado”, ya que en su interior habrá una presencia partidista, por lo tanto, sus integrantes confirmaron su fin.
“Agradecemos la invitación, hoy sabemos de la coyuntura política y la construcción de acuerdos a efecto de privilegiar la unidad de cara a las elecciones de 2024 son prioritarios. Este escenario nos ha llevado a cada uno y a cada una de nosotras a tomar una decisión distinta y personas respecto a la posibilidad de participar en el ejercicio propuesto por los partidos políticos integrantes de Va por México y las organizaciones de la sociedad civil que las acompaña”, se lee en el posicionamiento que el Consejo Electoral Ciudadano escribió al Frente Cívico Nacional.
Los partidos políticos PRI, PAN, PRD impusieron miembros al CEC y provocaron desde el fin de semana la salida de académicos que iban a encabezar su conducción. Hasta ahora el único que hizo pública su salida fue el académico Sergio Aguayo, quien dijo el domingo que los partidos habían decidido un método en el cual los ciudadanos sin partido quedaban sometidos a las reglas y voluntad de las tres instituciones políticas. El académico indicó en Twitter que otros miembros del Consejo Electoral Ciudadano también dejaron de formar parte, aunque no especificó quiénes.
En la carta pública del “mini INE”, firmada por Leonardo Valdés Zurita, Mariclaire Acosta Urquidi, el propio Sergio Aguayo Quezada, María del Carmen Alanis Figueroa, Marco Antonio Baños Martínez, Teresa González Luna, Rosa María Mirón Lince, Rodrigo Morales Manzanares, María Elena Morera Mitre, Arturo Sánchez Gutiérrez y Guillermo Sheridan Prieto, se informó que cada uno de los integrantes tomará su decisión de si continuará en el proceso interno de la oposición o no.
Muchos de estos activistas e intelectuales forman parte de la llamada “sociedad civil” que ha acompañado a Claudio X. González, quien reunió a los líderes de los principales partidos de oposición para construir el bloque de Va por México y que este lunes estuvo presente en el lanzamiento del Frente Amplio por México.
El analista político José Antonio Crespo indicó en Twitter el lunes que el Frente Cívico Nacional propuso a los partidos la creación de este Consejo Electoral Ciudadano que organizara la consulta para seleccionar al candidato opositor, y que estaría formado por expertos electorales no partidarios y se invitó a once de ellos, bajo la aclaración de que era sólo una propuesta sujeta a negociación con los partidos.
“Los partidos aceptaron, pero bajo una modalidad distinta; dos miembros por partido (6) y sólo cinco no partidistas. Como cabía suponer, los partidos no soltarían por completo el proceso. Ante esa información, los invitados por el FCN decidieron declinar la invitación, ante el control partidista de ese órgano. Los organismos de la sociedad civil insistieron a los partidos en que debía haber mayoría apartidista en el órgano electoral para darle credibilidad. Los partidos aceptaron; 7 apartidistas y 6 de partido. Ante la nueva fórmula, la mayoría de los invitados por el FCN aceptaron formar parte del órgano electoral con mayoría apartidista”, escribió Crespo.
Lo que sucedió con el Consejo Electoral Ciudadano de la oposición es muy parecido con lo que ha pasado con los Institutos Federal Electoral y Nacional Electoral, el IFE y el INE. Los dos organismos fueron tomados por los partidos políticos que negociaron cada uno de los consejeros electorales provocando la queja e incluso la protesta de los partidos políticos de izquierda. Antes de la elección del 2006, los acuerdos entre los partidos mayoritarios dejaron fuera al PRD y Elba Esther Gordillo impuso a Luis Carlos Ugalde como Consejero presidente, esto llevó a la más grande impugnación de un proceso electoral presidencial desde 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas alegó fraude electoral.
Este lunes, el PAN, PRI y PRD, así como organizaciones afines que ellos llaman “sociedad civil”, presentaron el Frente Amplio por México que, al menos por ahora, sustituye a Va por México y será, al parecer, el encargado de elegir a su candidata o candidato para 2024.
El bloque opositor dijo que decidirá mediante una encuesta abierta a la persona que encabece el Frente Amplio por México, una figura que, explicaron, se prevé en la Ley, y bajo la cual esperan elegir a quien será su abanderada o abanderado para la elección presidencial de 2024.
El proceso dado a conocer ayer consiste en tres etapas. En la primera, deberán registrarse a partir del 4 julio y contar con el respaldo de militantes, simpatizantes o integrantes de la sociedad civil a través de una plataforma electrónica “que iniciará con un registro desde cero”. Ha trascendido que este respaldo consistirá en la recolección de 150 mil firmas.
En una segunda etapa, tendrán que participar en un “primer gran foro” para “discutir y analizar su visión sobre México”, y se llevarán a cabo estudios de opinión pública para elegir a los tres mejores contendientes “con respaldo social”, quienes pasarán a la última etapa en la que se harán más encuestas y una consulta ciudadana para conocer al Responsable Nacional para construir el Frente Amplio por México, el cual se hará público el 3 de septiembre, tres días antes de que se anuncie el nombre del Coordinador Nacional de Defensa a la Transformación, es decir, la o el candidato presidencial del oficialismo.
Crédito: SINEMBARGO
