AMLO da otra repasada a Xóchitl antes de que se lo prohíban. “Acataré bajo protesta”
El pasado 14 de julio, el Presidente López Obrador publicó en su cuenta de Twitter la relación de los mil 500 millones de pesos que recibieron desde 2015 a la fecha dos de las empresas vinculadas con la Senadora Xóchitl Gálvez, ingresos que provinieron tanto del Sector Público como del Sector Privado, y retó a Claudio X. González a analizar y verificar la información.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que acatará “bajo protesta” la resolución de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) para que se abstenga de emitir expresiones en contra de las y los aspirantes presidenciales durante sus conferencias matutinas, tal y como lo solicitó la Senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz. Sin embargo, informó que no ha sido notificado.
“Vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones, en este caso, de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad; la libertad de manifestación, de expresión; la libertad de réplica; el derecho a disentir”, dijo.
“De todas maneras vamos a respetar, a acatar esas recomendaciones, pero están muy malacostumbrados nuestros adversarios, quisieran que estuviésemos atados y callados. Nos quisieran silenciar y nada más ellos hablando y hablando, y hablando, y hablando; y mintiendo, mintiendo, mintiendo; y calumniando, calumniando, calumniando en la radio, en la televisión, en los periódicos de manera mayoritaria, como no sucedía en más de un siglo en nuestro país. En ese sentido, es un retroceso”, lamentó López Obrador.
Apenas el pasado 13 de julio, la Comisión de Quejas del INE aprobó las medidas cautelares solicitadas por Xóchitl Gálvez para que el mandatario mexicano evite hablar en contra de quienes buscan las candidaturas presidenciables rumbo a las elecciones del 2024.
Durante una sesión virtual, consideró procedente ordenar el retiro parcial de las conferencias matutinas del 3, 4, 5 y 7 de julio, que denunció la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN); así como la del 11 de julio que pidió el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues “se advierten manifestaciones que podrían derivar en una afectación de los principios de imparcialidad y neutralidad o disposiciones vinculadas con los procesos electorales próximos a iniciar, puesto que el Presidente de la República hizo pronunciamientos sobre procesos internos de partidos políticos y posibles aspirantes de cara al Proceso Electoral Federal 2023-2024”.
La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Claudia Zavala, recordó que no es la primera vez que se dictan medidas cautelares contra el Jefe del Ejecutivo federal por declaraciones de índole electoral.
“Se ordena el Presidente de la República se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentra ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”, establece el proyecto de acuerdo.
Gálvez Ruiz, quien aspira a la candidatura presidencial de la oposición, interpuso la denuncia contra Andrés Manuel López Obrador, luego de que en sus conferencias del 3, 4, 5 y 7 de julio arremetiera contra ella y la acusara de ser la candidata o representante “de la oligarquía en el 2024”, “de la mafia en el poder”; así como de engañar a la gente y ser cómplice de los expresidentes Vicente Fox y Carlos Salinas.
Ese mismo día, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral que prohíben al Presidente de México realizar pronunciamientos, bajo cualquier modalidad o formato, sobre temas electorales en respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad.
La controversia se originó a partir de la denuncia que el PAN presentó contra López Obrador y quienes resultaran responsables, por las manifestaciones expuestas en la conferencia matutina del 26 de junio, en las que descalificó a los partidos de oposición y mostró su apoyo a Morena.
El INE precisó que el Presidente de la República ya había emitido pronunciamientos vinculados con temáticas electorales en las conferencias matutinas del 27 de marzo; 19 de abril; 9, 11, 15 y 24 de mayo; e indicó que ya se le había conminado a ajustarse a los parámetros constitucionales.
Ante ello, ordenó que el titular del Poder Ejecutivo se abstuviera de emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, de forma que cuide que su actuar se ajuste a los principios de imparcialidad y neutralidad.
El director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, así como el Presidente, acudieron ante la Sala Superior para impugnar dicha medida.
Posteriormente, la Sala Superior confirmó el acuerdo impugnado, según lo siguiente:
I. Es posible dictar medidas cautelares respecto de las manifestaciones denunciadas, porque la difusión de su archivo audiovisual y versión estenográfica se mantiene en el tiempo.
II. La medida consistente en una abstención de pronunciarse sobre temas electorales se justifica en el posible riesgo de afectar los principios constitucionales de los procesos electorales, aun cuando estos no hubiesen comenzado.
III. La medida no se dictó sobre hechos futuros, de realización incierta, dada la posibilidad de la reiteración de la conducta, ya que en diversas ocasiones se ha conminado al presidente a ceñirse al marco constitucional.
Finalmente, el pleno consideró que la medida “no se trata de una censura previa, por la previsibilidad de la conducta (al ceñirse a la emisión de manifestaciones sobre temáticas electorales), así como el deber del servidor público de preservar la imparcialidad y neutralidad de los procesos democráticos”.
XÓCHITL PASÓ DE VENDER GELATINAS A SER MILLONARIA: AMLO
Como el Presidente todavía no es notificado de la decisión tomada por el organismo electoral, aprovechó para volver a exhibir los contratos que han recibido las empresas de Xóchitl Gálvez, a quien señala de haber sido elegida por las cúpulas de las élites para competir con el bloque opositor por la Presidencia en 2024.
“¿Se acuerdan ustedes cómo la señora Xóchitl denunciaba y denunciaba, y denunciaba, y denunciaba? Y ahora que dimos a conocer que la señora tiene dos empresas y que le ha ido muy bien porque de vender gelatinas pasó a ser millonaria. Y dimos a conocer que en nueve años, su empresa obtuvo contratos, tanto del Gobierno como de desarrolladores, por mil 400 millones de pesos. Una empresa próspera y empiezan a decir que no jugamos limpio”, lamentó.
Desde Palacio Nacional, el mandatario afirmó que como su Gobierno ha implementado “una política en favor del pueblo, que los adversarios tachaban de populismo, de paternalismo”, y “como son muy hipócritas y andan desesperados porque quieren seguir robando, quieren regresar a eso: a robar”, “pues sus intelectuales orgánicos, expertos, publicistas les recomendaron que había que buscar a alguien que haya nacido en un pueblo y con apariencia de ser una gente del pueblo”.
En su intervención, comparó el caso de la Senadora panista con “un poco el engaño” que se hizo en el pasado con el expresidente Vicente Fox: “de que era una gente sincera y desde el lenguado, que iba a acabar con las tepocatas y que iba a acabar con la corrupción, y muchos se creyeron ese cuento”.
“Y luego vendieron otro cuento, de un hombre guapo [Enrique Peña Nieto]. Hicieron hasta una telenovela y ahora nos quieren vender otra farsa de que una mujer que empezó vendiendo gelatina ha logrado superarse”, advirtió López Obrador.
“No sé si ustedes han escuchado mucho eso de quien empieza vendiendo libros o con una taquería. Conozco algunos casos de políticos corruptos que justifican así toda la riqueza mal habida que han acumulado”, agregó.
Por ello, el Jefe del Poder Ejecutivo federal insistió en la necesidad de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización fundada por el empresario opositor Claudio X. González, investigue y profundice sobre los contratos entregados a las empresas ligadas a Gálvez Ruiz.
“No han dado respuesta los de Mexicanos a Favor de la Corrupción. Le mandamos esta información, estos datos a Claudio X. González. Ya ven que ellos investigan y queremos que profundicen porque esto es una muestra nada más, seguramente hay más información, muchos testimonios sobre el influyentismo que llevaba a cabo la señora Xóchitl”, sostuvo.
A continuación, el político tabasqueño mostró algunos de los datos de la empresa High Tech Services, donde aparece Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz como una de las socias.
“Miren, esta es una empresa. Este es el domicilio de la empresa: en Hipódromo, en la colonia Hipódromo Condesa, en la delegación, ahora Alcaldía Cuauhtémoc. Nuevo León 254. Esta empresa se dedica a todo esto o eso es lo que está en su acta constitutiva. Estos son los socios y los representantes legales”, expuso.
De acuerdo con la información presentada, High Tech Services obtuvo un contrato de tres millones 065 mil 643 pesos en 2015 y otro de 15 millones 729 mil 893 pesos en 2016 con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Mientras que con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, consiguió un contrato de 43 mil 113 pesos en 2015, uno de 344 mil 336 pesos en 2016, uno de dos millones 258 mil 865 pesos en 2017, uno de seis millones 201 mil 724 pesos en 2018, y uno de 361 mil 763 pesos en 2019.
Con el “Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Sociedad Nacional de Crédito Institución de Banca de Desarrollo”, sólo se tiene registro de una relación comercial por 73 mil 250 pesos en 2020.
“El caso es que en este mismo tiempo, del [20]15 al [20]18, estos son desarrolladores que tienen también 56 millones de contrato en el [20]17, ocho millones en el [20]18. Este es de ahí porque es residencial Mariano Escobedo, es de Miguel Hidalgo, ¿no? 43 millones en el [20]17, 24 millones en el [20]18. Este es un fideicomiso, 11 millones, seis millones y 32 millones. Bueno, esta empresa, en total del [20]15 hasta la fecha, facturó mil 065 millones, la empresa de la señora Xóchitl. Una y luego hay otra”, comentó hoy el Presidente de México.
La segunda empresa es Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, la cual “tiene otro nombre, pero se dedica a lo mismo y es la misma dirección”. En ella, añadió, “ya no está la señora, pero sí está un familiar. Dos, sí dos”.
Según los datos, entre 2015 y lo que va de 2023, ha obtenido contratos por un total de 16 millones 047 mil 223 pesos con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En “I.I.I. Servicios” se hizo de siete millones 295 mil 473 pesos entre 2016 y 2021, mientras que en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria tuvo ingresos de seis millones 524 mil 462 pesos en el periodo que va de 2016 a 2020.
Con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hay contratos por seis millones 128 mil 034 pesos. Una parte del monto se dio entre 2016 y 2019, y el resto entre 2022 y 2023.
En tanto, el “Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Sociedad Nacional de Crédito Institución de Banca de Desarrollo” pagó cinco millones 477 mil 903 pesos entre 2020 y 2021.
Pemex Desarrollo e Inversión de Proyectos dio cuatro millones 732 mil 380 pesos a Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes entre 2018 y 2019; la Universidad Autónoma de Nuevo León, un millón 450 mil 253 pesos entre 2015 y 2022; la Sedena, un millón 021 mil 060, sin que se especificara el periodo; Pemex Transformación Industrial, 539 mil 109 pesos en 2021; y la Secretaría de Salud, 43 mil 797 en 2021.
Crédito: SINEMBARGO
