La FGR procederá contra un Juez y magistrados por negarse a la captura de García Luna
La Fiscalía detalló que, si bien proporcionó la evidencia suficiente que acreditaba los ingresos ilícitos y no declarados por más de 43 millones de pesos por parte de García Luna, tanto un Juez de Distrito como las y los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito rechazaron la orden de captura girada por un Juez de Control.
Un Juez federal y magistrados de un Tribunal federal anularon una de las órdenes de aprehensión que pesan contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció este martes que tomará medidas legales en contra de los funcionarios del Poder Judicial por negarse la captura del exfuncionario federal, hoy preso en Nueva York acusado de operar con el narcotráfico.
A través de un comunicado, la FGR señaló que, a pesar de que un Juez de Control había entregado una orden de captura en contra del exfuncionario de seguridad luego de descubrirle un ingreso injustificado por más de 43 millones de pesos durante su gestión como servidor público desde el 2000 al 2012 —y que además dicha cantidad no fuera constatada en sus declaraciones fiscales y patrimoniales—, fue el Juez de Distrito Gerardo Genaro Alarcón López quien inicialmente negó la orden de captura, por lo que la Fiscalía tomará acciones legales en contra suya.
De igual manera, la FGR irá en contra de magistrados y magistradas del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, instancia judicial que igualmente confirmó la negativa del Juez Gerardo Genaro, hecho por el que señaló a las y los funcionarios de actuar en contra de la administración de la justicia.
Las y los magistrados del Tribunal mencionado, y que la Fiscalía General tomará acciones legales en su contra, son Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, a quienes acusa de permitir la violación del Artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, el cual establecía que se aplicarían sanciones a quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, incurra en enriquecimiento ilícito.
“Aún cuando con los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional, está demostrado que su patrimonio [de García Luna] es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso”, señaló la FGR.
La FGR finalizó con la aclaración de que, pese a la decisión tomada por las y los funcionarios de justicia, aún existen otras tres órdenes de aprehensión vigentes por distintos delitos en contra de Genaro García Luna.
ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA LA RED DE GENARO
La Fiscalía General de la República dio a conocer en mayo de este año que había obtenido un total de 61 órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas a contratos formalizados para penales federales, ligados a la gestión del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Por medio de un comunicado de prensa, la Fiscalía nacional informó que las órdenes fueron expedidas por un Juez de Control federal, y que éstas se encabezan por García Luna, Jonathan Alexis “N”, Mauricio Samuel “N”.
“Hay y 58 individuos más, entre servidores públicos y particulares, vinculados con delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”, se lee en el documento.
La FGR precisó que estas personas estarían coludidas con el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), Genaro García Luna, así como con sus socios, para saquear los recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social (cárceles federales), dependientes de dicha Secretaría.
La relación que mantenían las personas contra las que se libraron las órdenes de aprehensión tenía la finalidad de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por el extitular de Seguridad de Felipe Calderón, “a través de 10 contratos ilícitos”, por la suma de cinco mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional.
“Ya se ha solicitado la ficha roja para todos aquellos que se han fugado del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación”, recalca la comunicación de la FGR.
Sin embargo, aclaró que este procedimiento penal es independiente a la denuncia que ayer hizo pública la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto a otro despojo multimillonario en contra de la policía federal, también vinculado con empresas de Genaro García Luna, sus socios y cómplices.
“Respecto a este nuevo procedimiento, ya se están recabando todas las pruebas necesarias para proceder a la vinculación penal correspondiente y a la recuperación de los bienes sustraídos”, finalizó.
FUNCIONARIA LIGADA A GARCÍA LUNA FIRMÓ CONTRATOS IRREGULARES: UIF
Ese mismo día por la mañana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, exhibió durante la conferencia de prensa de aquel lunes una serie de contratos irregulares, los cuales fueron firmados por funcionarias y funcionarios de la entonces Policía Federal (PF) con empresas ligadas a Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal, durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“Estamos aquí para dar a conocer las erogaciones que se hicieron, ya por servidor público, que firmó contrato con la trama corrupta de García Luna. Estos contratos son relevantes porque fueron hechos con las mismas empresas durante dos sexenios consecutivos: el sexenio del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, y el sexenio que va del 2012 al 2018. El primero de ellos que fue encabezado por Felipe Calderón y el segundo fue encabezado por el último Presidente anterior que tuvimos en nuestro país: Peña Nieto”, dijo.
Entre los nombres que reveló Gómez Álvarez, destacó el de Sonia Vargas Terrero, actual servidora pública del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que fue contratada por Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sonia Vargas Terrero, como directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la PF -que se encontraba bajo el mando de García Luna-, habría firmado contratos por un monto de 71 millones 600 mil dólares.
“En la Policía Federal, en el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares”, informó el encargado de la UIF.
Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que “todos los contratos fueron hechos en dólares” y que “ningún contrato cumplió con los señalamientos legales” respecto a hacer una investigación de mercado, esto a pesar de ser un tema de seguridad nacional.
Otros de los funcionarios mencionados fueron Rodrigo Esparza Cristerna, comisionado de Policía Federal Preventiva, por contratos de 69 millones 100 mil dólares; Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la PF, por un total de 25 millones 875 mil dólares; y Humberto Martínez González, director general de apoyo técnico, por una cifra de 37 millones 875 mil dólares.
“En la Policía Federal, en el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares”, informó el encargado de la UIF.
Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que “todos los contratos fueron hechos en dólares” y que “ningún contrato cumplió con los señalamientos legales” respecto a hacer una investigación de mercado, esto a pesar de ser un tema de seguridad nacional.
Otros de los funcionarios mencionados fueron Rodrigo Esparza Cristerna, comisionado de Policía Federal Preventiva, por contratos de 69 millones 100 mil dólares; Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la PF, por un total de 25 millones 875 mil dólares; y Humberto Martínez González, director general de apoyo técnico, por una cifra de 37 millones 875 mil dólares.
Márquez Blas fue director de planeación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la administración del exfuncionario. Esa semana, La Jornada informó que Ricardo Márquez fue contratado en la SCJN después de un ajuste a la estructura orgánica del tribunal oficializado en el acuerdo general de administración V/2023.
Como coordinador de Fortalecimiento Institucional, Ricardo Márquez se encargará de labores de administración, seguridad, logística y protocolo.
Crédito: SINEMBARGO
