Gobernadora y PRIAN buscan imponer incondicionales en el Poder Judicial de Chihuahua
La Gobernadora María Eugenia Campos es señalada de repetir las mismas malas prácticas que el exgobernador preso César Duarte Jáquez y colocar a personajes incondicionales y sin carrera judicial como magistrados.
En Chihuahua está en curso un plan de la Gobernadora panista María Eugenia Campos, quien con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los remanentes del “Duartismo” en el estado, busca definir con criterios políticos a siete de los 26 magistrados del Poder Judicial del Estado, en un proceso que ya ha sido acusado de estar amañado.
María Eugenia Campos es señalada de repetir las mismas malas prácticas que el exgobernador preso César Duarte Jáquez y colocar a personajes incondicionales y sin carrera judicial como magistrados, gracias a una reforma al Artículo 101 de la Constitución del estado que el Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece, y el PRI aprobaron hace un año, la cual eliminó la obligación de los concursos para llegar a estos cargos y en su lugar estableció la conformación de una comisión con representación de los tres poderes que deberán negociar las vacantes.
“El PRIAN a nivel nacional siempre está cuidando, está velando por la división de poderes, pero pues aquí en Chihuahua no únicamente es la supresión de esta división con la Reforma de 2022, sino también es el rebajar la carrera judicial, porque esta Reforma contempla que ya no haya concursos para el nombramiento de nuevos, jueces y magistrados, que no sea a través de concursos, sino a través de ternas que dialogan los poderes para proponerlas y se forma una comisión totalmente dominada por el Ejecutivo para elegir a los magistrados”, denunció en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, en “Los Periodistas”, Víctor Quintana, fundador y primer presidente de Morena en Chihuahua.
Esta Comisión que decidirá a los perfiles para las magistraturas está compuesta por un representante de la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, por el Magistrado José Alfredo Fierro Beltrán —nombrado por César Duarte— y por José Alfredo Chávez Madrid, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local y un incondicional de la Gobernadora.
Aunado a que los representantes que elegirán la terna están relacionados con María Eugenia Campos y César Duarte el Congreso del Estado, que realizará la selección de los nombres, es un poder que también está controlado por el PAN y el PRI.
“La mayoría del Congreso la tiene el PAN, y la mayoría calificada se logra con la suma del PAN, más el PRI, y con votos de otros partidos. Por ejemplo, aquí el PT votaba con el PAN y también Movimiento Ciudadano. Incluso la Diputada del PT se cambió a Morena porque la dirigencia local la obligaba a votar a favor del PAN. Así está el control del Congreso”, explicó a SinEmbargo el escritor y periodista José Pérez Espino.
Quintana compartió a su vez que entre los nombres que se mencionan para ocupar estos lugares “se habla del hijastro de la candidata del PRI al Gobierno del Estado, Graciel Ortiz, que en el debate de los candidatos al gobierno del estado declinó públicamente en favor de María Eugenia”, Fernando Mendoza.
“Se habla también, que a mí me parece totalmente un despropósito, de la licenciada María Ávila Serna. Ella durante mucho tiempo ostentó la franquicia del Partido Verde en Chihuahua siempre favorable a los gobiernos del PRI. Luego fue acusada junto con María Eugenia Campos de haber recibido dinero de César Duarte […] y otro de los aliados inefables del PRI, o del PRIAN mejor dicho, es Rubén Aguilar Gil, hijo del dirigente añejo del PT en Chihuahua Rubén Aguilar”.
En ese sentido, José Pérez Espino expresó que de confirmarse la designación de estos siete magistrados, el “Maruduartiartismo”, como lo llamó, “tendría el control del Poder Judicial, pues 20 de los 26 magistrados serían perfiles impuestos o relaciones con María Eugenia Campos, siete que se van a elegir, y 13 que se eligieron cuando Duarte aún era Gobernador y que él impuso”.
“Cuando Duarte era Gobernador hizo una convocatoria similar, nada más que en aquella ocasión ó e nombró a 13 magistraturas más, él los nombró en un proceso donde actores políticos (afines a él) se encargaron de designar a quienes iban a ser los magistrados. Por ejemplo, de ese grupo es la actual presidenta del Poder Judicial, Miriam Fernández Acosta y también dos integrantes de Consejo de la Judicatura Federal, que obviamente son quienes controlan el Poder Judicial, por eso se habla acá en Chihuahua de un Maruduartismo”, ahondó.
El pasado jueves 16 de noviembre, se publicó en una edición extraordinaria la convocatoria para integrar las 7 vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, cuyo plazo para registro culminó el miércoles pasado. El documento ha sido cuestionado debido a que hay un recurso sin resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la eliminación de los concursos para ocupar estos cargos.
A la par de ello, dentro del mismo Poder Judicial se considera que se trata de una convocatoria “amañada”, situación por la cual ya se han presentado amparos. Es el caso de la Jueza penal María Alejandra Ramos Durán, del Distrito Judicial Morelos con sede en la ciudad de Chihuahua, quien en una publicación en la red social X indicó que se trata de “un proceso cerrado no para fortalecer la carrera judicial, sino para debilitarla”.
“De las 7 vacantes, 4 están cerradas a las personas que integran el poder judicial. O sea, un proceso cerrado no para fortalecer la carrera judicial, sino para debilitarla. Las ternas las conforman una persona representante del ejecutivo, otra del legislativo y una del judicial. Por si fuera poco, el plazo para presentar documentación es del 17 al 22 de noviembre de este año. Sí, durante los días de puente. Naturalmente no habrá concurso de méritos”, escribió el pasado 16 de noviembre.
Víctor Quintana consideró al respecto que se trata de “una simulación de la división de poderes” y un atentado a los derechos humanos de gente que ya tiene carrera judicial y que está trabajando porque se le niega el acceso a salas específicas. Expuso, en ese sentido, que Alejandra Ramos Durán fue quien emitió la orden de aprehensión contra César Duarte en 2019. “Ella ya interpuso un amparo, ya van otras cinco personas, cuatro mujeres y un hombre que también interponen amparo contra esta convocatoria porque la consideran violatoria de Derechos Humanos”.
“La Jueza Ramos Durán es quien emitió la orden de aprehensión contra el exgobernador César Duarte Jaques, la orden de prisión que fue emitida en octubre de 2019 y a partir de la cual se inició el procedimiento para su extradición. Gracias a la orden de aprehensión que giró la jueza Ramos Durán, ahora se está procesando penalmente a César Duarte por el primer caso de corrupción; actualmente tiene dos procesos y, obviamente, se trata de que ella no llegue a una magistratura y hacerla a un lado”, indicó a su vez Pérez Espino.
El periodista José Pérez Espino coincidió en ese sentido que es “una convocatoria a modo, amañada, que no busca los mejores perfiles sino más bien pagos por favores políticos por todo lo que ha pasado en la alianza entre Maru Campos y el exgobernador César Duarte, por compromisos contraídos desde hace años atrás cuando César Duarte era gobernador”.
Expuso que esto se fraguó desde el año pasado, cuando se aprobó la Reforma Constitucional al Estado de Chihuahua para eliminar los exámenes de oposiciones en el proceso de designación y se estableció que la elección sería a través de ternas.
“Va a ser algo como lo que pasó cuando César Duarte era Gobernador, que las personas que estaban palomeadas, pues obviamente ganaron por mayoría todas las magistraturas. Por eso ahora hablamos nosotros de un proceso de simulación. Estamos hablando de que obviamente esa comisión está controlada por la Gobernadora. Por eso hablamos de un proceso de simulación”.
Víctor Quintana ahondó que Duarte aumentó el número de magistrados para tener más “fieles” en el Poder Judicial e incluso, apuntó, “se le dio su cuota al PAN con dos magistrados de los muchos que se nombraron”.
Al respecto, Pérez Espino destacó la importancia de entender que el Poder Judicial no solo revisa sentencias, sino que también designa jueces a través del Consejo de la Judicatura y advirtió que si la gobernadora obtiene el control, tendrá la capacidad de decidir las magistraturas, dando lugar a una influencia significativa en todos los procedimientos penales en Chihuahua.
“Van a tener el control de todos los procedimientos penales en el estado de Chihuahua […] Es una designación directa lo que va a ocurrir, y por supuesto aquí no van a llegar los mejores. Lo que va a ocurrir es que llegarán magistrados y magistradas que son cuates o compas de la Gobernadora, ya no solo cuotas políticas […] Estamos hablando de que el Maruduartismo, después de este proceso, va a tener control de 20 de 26 magistraturas del Poder Judicial del Estado. Significa que nada va a suceder en el estado de Chihuahua sin que ellos metan mano”, sentenció.
Crédito: SINEMBARGO
