Jueza de Toluca ordena reaprehender a los 8 militares ligados con el caso Ayotzinapa
Tres de los militares fueron aprehendidos cuando acudieron a la Unidad de Medidas Cautelares; los otros cinco se entregarán en las próximas horas, aseguró su abogado defensor.
Una Jueza federal giró nuevas órdenes de aprehensión contra los ocho militares que están bajo proceso por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Fue Raquel Duarte Cedillo, Jueza Segunda de Distrito en Procesos Penales Federal de Toluca, quien instruyó la captura contra los integrantes de los Batallones 27 de Infantería, luego de que la semana pasada fueran liberados.
Medios nacionales reportan que Alejandro Robledo Carretero, abogado defensor de los soldados, confirmó la captura de tres de ellos mientras acudían a la Unidad de Medidas Cautelares.
Las órdenes de aprehensión, de las cuales tres se ejecutaron, fueron cumplimentadas por la Fiscalía General de la República (FGR). Entretanto, los otros cinco se entregarán ante las autoridades en las próximas horas.
“Me enteré hoy, yo pensaría que, por delincuencia organizada, no te lo puedo decir con certeza, no he visto la causa, no tengo mucha información, pero te adelanto que hemos tomado la decisión, como siempre, de enfrentar las acusaciones y entregarlos nosotros voluntariamente para enfrentar los procesos”, comentó el abogado en entrevista para el diario Milenio.
Los ocho militares, adscritos al 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, son: Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo.
El pasado 24 de enero, los ocho militares acusados por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, salieron la madrugada de ese día de la prisión del Campo Militar Número 1 para continuar su proceso penal bajo libertad condicional.
De acuerdo con la defensa de los procesados, los militares salieron del centro de reclusión, alrededor de las 3:00 horas del miércoles pasado, por la puerta 3 del Campo Militar, la cual conecta con la avenida Conscripto, luego de cumplir con todos los requisitos preestablecidos.
Los requisitos para llevar el proceso en libertad fueron los siguientes: la exhibición de un garantía económica de 50 mil pesos, la entrega del pasaporte original como seguro de que no saldrán del país, y presentarse los días 1 y 16 de cada mes ante el juzgado de distrito para la firma del libro de procesados.
Un día antes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el fallo de la Jueza que cambió la medida cautelar de prisión preventiva para los ocho militares, y acusó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) sólo quiere desprestigiar al Ejército y al Ejecutivo.
Desde Palacio Nacional, López Obrador lamentó que el Poder Judicial “proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes, y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos”.
Asimismo, reveló que le envió una carta a Norma Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para advertirle sobre el caso de estos ocho militares, y por una posible liberación del exprocurador Jesus Murillo Karam.
LIBERACIÓN GENERA CRÍTICAS
En el mismo sentido que el Presidente, otros actores políticos y dependencias condenaron la determinación del Poder Judicial de la Federación por liberar a los ocho militares acusados por el caso Ayotzinapa.
La titular de la Segob, Luisa María Alcalde Luján, compartió un boletín donde la dependencia suscribe la inconformidad que este fin de semana expresó a la Fiscalía General de la República (FGR) luego de la resolución de la Jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del Tribunal Colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, luego de permitir la liberación de dichos elementos del Ejército mexicano.
“No nos extraña la posición del PJF en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se han dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, sentenció.
La Segob argumentó que el PJF se vale de “pretextos procedimentales” para permitir la liberación de los ocho militares. Asimismo, señaló que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturadas, pero no actuaron en contra de torturadores, como el caso de Tomás Zerón, quien actualmente se encuentra prófugo en Israel.
De igual manera, recordaron los esfuerzos del Poder Judicial para intentar liberar al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, hecho que fue impedido gracias al trabajo de la FGR y otras dependencias del Gobierno federal.
Por su parte, la FGR rechazó la decisión de la Jueza Federal Raquel Ivette Duarte Cedillo de revocar la prisión preventiva a los ocho militares acusados.
A través de un comunicado, la dependencia federal criticó que la secuela procesal de la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y los magistrados del Tribunal Colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, es “absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas”.
De acuerdo con la FGR, la determinación de los juristas concedió “ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa”.
Asimismo, Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Segob, también reprobó la determinación de la Jueza federal que ordenó la tarde del sábado la liberación de los ocho militares que se encontraban presos por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 jóvenes.
Encinas investigaba la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración el pasado 19 de octubre.
A través de su cuenta de X, calificó la decisión como “un nuevo sabadazo”, que la Jueza Duarte Cedillo aprovechara el fin de semana para otorgar el beneficio de libertad condicional a los ocho militares acusados de estar relacionados en el caso.
“Un nuevo sabadazo. Allanan el camino a la impunidad”, publicó.
Minutos más tarde, lamentó en una nueva publicación desde su cuenta personal que los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litiguen contra la investigación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Crédito: SINEMBARGO
