Negará NY “derecho a albergue” a algunos migrantes después de 30 días

A algunos migrantes que se encuentran en la Ciudad de Nueva York se les podría denegar formalmente una vivienda de emergencia después de que funcionarios y defensores de los derechos humanos llegaran a un acuerdo sobre la interpretación de una decisión legal única que otorga el “derecho a albergue” a cualquiera que lo solicite, según anunció el alcalde el viernes.

El alcalde Eric Adams pidió en octubre a un tribunal que suspendiera el requisito de alojamiento durante un estado de emergencia, lo que provocó la impugnación de The Legal Aid Society y otro grupo humanitario. En esencia, el acuerdo pone fin al derecho general de alojamiento de los migrantes adultos después de los primeros 30 días en que reciben servicios. Pero consolida su derecho a algunas protecciones.

La ciudad puede determinar caso por caso si conceder a una persona migrante quedarse en un albergue por más de 30 días, según el acuerdo. Se concederá más tiempo si se demuestran “esfuerzos significativos para reasentarse”, lo que puede incluir concertar una cita con un abogado de inmigración, inscribirse en un programa de reasentamiento, o demostrar que se está buscando una vivienda.

“Este nuevo acuerdo reconoce la realidad en que nos encontramos hoy día, reafirma nuestra misión compartida de ayudar a aquellos que lo necesitan y nos brinda más flexibilidad para lidiar con la crisis actual”, dijo Adams en un video grabado en el que anuncia el acuerdo.

A cambio, Legal Aid espera que la ciudad resuelva la acumulación de migrantes que vuelven a solicitar cupo en los refugios. La ciudad acordó además dejar de utilizar las salas de espera como albergues, y también proveer un acceso constante a baños, duchas y alimentos, de acuerdo con un comunicado de The Legal Aid Society y la Coalición para los Sin Casa.

“Este acuerdo salvaguarda el derecho al alojamiento en el decreto por consentimiento, garantizando a los adultos solteros —tanto a los neoyorquinos de toda la vida como a los recién llegados— el acceso al alojamiento, a las necesidades básicas y a la gestión de casos para la transición del alojamiento a la vivienda en la comunidad”, dijo la abogada Adriene Holder, de The Legal Aid Society, en un comunicado.

El acuerdo requiere a la ciudad compartir datos con The Legal Aid Society acerca de cuántos migrantes se encuentran en los refugios y dónde se están alojando. Holder aseguró que el grupo no dudará en demandar si la ciudad no cumple con las disposiciones.

Adams dijo que más de 183 mil migrantes han pasado por los servicios de atención de la ciudad en algún momento desde 2022. En el marco de este acuerdo, el derecho al refugio sin restricciones sería restaurado en caso de que la emergencia humanitaria termine. Alrededor del 60 por ciento de esos migrantes han logrado salir del sistema de acogida, dijo esta semana a la prensa Ana Almanzar, vicealcaldesa para estrategias municipales.

El requisito de refugio de Nueva York ha estado en vigor durante más de cuatro décadas después de que el decreto por consentimiento obligara a la ciudad a proporcionar viviendas temporales a los indigentes.

El anuncio se dio después de que los albergues neoyorquinos empezaran a expulsar a las familias migrantes tras 60 días, obligándolas a volver a solicitar una plaza en otro albergue. Los adultos solteros han sido desalojados cada 30 días, y algunos han tenido que dormir en la calle o refugiarse en vagones de metro. El acuerdo se aplica a los adultos que buscan albergue, no a las familias.

Los constantes cambios de domicilio suponen una carga extra para los numerosos inmigrantes que solicitan asilo, un paso previo a la obtención del permiso legal para trabajar. El miércoles, en una audiencia del tribunal de asilo, un hombre de África Occidental se sorprendió cuando una jueza le dijo que tenía que presentar un cambio de dirección por escrito al tribunal en un plazo de 5 días después de cambiar de domicilio, aunque se mudara cada 30 días de un refugio a otro.

“Va a ser un poco engorroso para usted”, dijo la jueza de inmigración Lori Adams mientras entregaba al hombre copias adicionales de los formularios azules de cambio de dirección

Crédito: LA JORNADA