Un adolescente oaxaqueño fue interceptado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca mientras se dirigía a Mazatlán, Sinaloa, tras haber sido, presuntamente, reclutado por un grupo criminal a través del videojuego Free Fire. El titular de la FGE, Rodríguez Almilla, informó que, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Sinaloa, lograron geolocalizar la ruta del menor, quien viajaba en un camión de pasajeros.
Una vez localizado, el menor fue puesto bajo resguardo por las autoridades de Sinaloa y se gestionó su retorno a Oaxaca para reunirse con su familia. Almilla destacó los riesgos que enfrentan los menores en línea, advirtiendo que los videojuegos pueden ser utilizados por el crimen organizado para explotación sexual o laboral, así como para actividades relacionadas con el narcotráfico. Resaltó la necesidad de que los padres supervisen cómo sus hijos utilizan Internet:
“Hago un llamado a las familias a estar alerta de las actividades que llevan a cabo en el ciberespacio y, en caso de considerarlo necesario, buscar ayuda de las autoridades”.
Reclutamiento a través de videojuegos
Las autoridades mexicanas han abierto investigaciones sobre al menos 10 casos de reclutamiento de menores a través de videojuegos en varios estados, incluyendo Baja California, Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala y Coahuila. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), este fenómeno ha crecido desde la pandemia de COVID-19.
Ricardo Mejía Berdeja, exsubsecretario de Seguridad Pública, declaró en entrevista que:
“Se han dado este tipo de situaciones de búsqueda de reclutamiento criminal [de menores] y hemos visto que a partir del año pasado se incrementaron todos estos casos […] El confinamiento ha generado que haya también una mayor actividad en las redes”.
Jalisco lidera con el mayor número de casos, seguido por Oaxaca, Tlaxcala, Baja California y Coahuila. A pesar de la gravedad de la situación, no hay cifras oficiales sobre el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Sin embargo, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) estimó en 2010 que al menos 30,000 menores eran reclutados anualmente.
