Reforma de seguridad pública avanza en el Senado con apoyo unánime en comisiones
La reforma al artículo 21 constitucional, que otorga facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), avanzó en el Senado al ser aprobada por unanimidad en comisiones.
La oposición expresó su respaldo a la iniciativa del Ejecutivo, aunque enfatizó que esto no representa “un cheque en blanco” y cuestionó las cifras del gobierno sobre la reducción de homicidios, señalando la persistencia de violencia en varios estados.
Por su parte, Morena y sus aliados defendieron la estrategia de seguridad implementada tanto en el sexenio anterior como en el actual. Durante la sesión de las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Seguridad, la senadora morenista Beatriz Mojica argumentó que la prioridad de la estrategia es atender las causas de la violencia, al afirmar que “recibimos un país en llamas, un país que le apostó todo a la violencia, que le apostó todo a hacer enfrentamientos directos sin atender las causas”.
Desde la oposición, el senador panista Ricardo Anaya explicó su voto a favor de la reforma, señalando que esta “pone el acento en algo que es clave si queremos pacificar al país: la investigación de los delitos; y, segundo, porque establece una coordinación bajo un mando civil”. Añadió que la investigación es esencial para desmantelar organizaciones criminales y no solo para “descabezarlas”, lo cual, argumentó, agrava la situación en muchos casos.
Anaya también subrayó la necesidad de otorgar mayores facultades de investigación a los mandos civiles, aunque resaltó la importancia de contar con salvaguardas democráticas para evitar que estas facultades se utilicen para espiar a opositores y periodistas. “Esta mala práctica no distingue colores”, afirmó.
La reforma también establece que los fondos federales destinados a la seguridad pública en las entidades serán auditados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
Por otro lado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que los recursos de los estados sean condicionados mediante la fiscalización que establece la iniciativa. Propuso que sea la Auditoría Superior de la Federación quien supervise dichos fondos para evitar su uso político.
