Este martes, a puerta cerrada, la Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, discutieron sobre la posible reducción del presupuesto destinado a la organización de la elección judicial de 2025. El INE había solicitado más de 13 mil millones de pesos para este proceso, pero Monreal adelantó que la Cámara de Diputados buscará reducir esta cantidad, calificándola de “muy alta”. A pesar de esta reducción, el líder de Morena aseguró que no se pondría en riesgo la realización de la elección, ya que se aplicarían medidas de austeridad para garantizar el proceso sin excesos.
Este diálogo se da en un contexto de tensiones entre el INE y el Gobierno federal, con la Presidenta Claudia Sheinbaum y otros legisladores anunciando que no se otorgará el monto completo solicitado por el instituto. Taddei Zavala, por su parte, expresó su preocupación sobre que una reducción significativa podría poner en peligro la viabilidad del proceso electoral.
Garantías para la democracia: Declaraciones de Gutiérrez Luna
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, también estuvo presente en la reunión y señaló que “dialogamos de manera amena y productiva sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, que tendrá la garantía de las y los diputados para la democracia en el siguiente proceso electoral”. Se espera que el presupuesto final sea aprobado a más tardar el 13 de diciembre, con una revisión detallada de cada rubro para asegurar el uso eficiente de los recursos.
El INE dividido: Desafíos internos para la elección judicial
El INE enfrenta un desafío interno importante mientras se prepara para organizar la elección judicial de 2025. La institución, históricamente considerada un árbitro imparcial en los procesos electorales, se encuentra actualmente dividida en dos facciones con visiones opuestas sobre la gestión del presupuesto.
Un grupo de consejeros defiende el presupuesto solicitado, argumentando que es crucial para garantizar la transparencia y eficacia del proceso electoral. Consideran que una reducción comprometería la calidad y la integridad de la elección, afectando la confianza pública en el sistema judicial. En contraste, otro grupo, apoyado por algunos legisladores, promueve una política de austeridad y busca reducir significativamente el presupuesto, considerando que es posible llevar a cabo la elección de manera eficiente sin incurrir en gastos excesivos, especialmente en el contexto de las restricciones fiscales actuales.
Este enfrentamiento interno ha generado tensiones y debates en el país, y el INE deberá encontrar un equilibrio entre estas posiciones para asegurar que el proceso electoral se lleve a cabo de manera justa y transparente.
