Cámara de Diputados aprueba reforma que disuelve siete órganos autónomos
En una sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó en lo general, con 347 votos a favor, 128 en contra y sin abstenciones, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución, con el objetivo de extinguir siete órganos autónomos.
Se eliminan las disposiciones relacionadas con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, suspendió la sesión y convocó a los diputados para continuar con la discusión del dictamen el jueves 21 de noviembre, a las 9:00 horas.
Principales puntos del dictamen
Uno de los aspectos clave de la reforma es que el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, garantizará el acceso a tecnologías de la información, telecomunicaciones y servicios de internet de banda ancha.
También se especifica que la protección de la información sobre la vida privada y los datos personales recaerá en los sujetos obligados, quienes tendrán facultades suficientes para garantizar el respeto a estos derechos. Además, se deberá promover y garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales, de acuerdo con la ley.
El dictamen también establece que el organismo encargado de coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica será responsable de la medición de la pobreza, la evaluación de los programas sociales y el establecimiento de mecanismos de coordinación con las autoridades federales, locales y municipales.
Por otra parte, el Ejecutivo Federal obtendrá competencias para regular el sector energético y de hidrocarburos, así como para sancionar en dichos rubros a través de la dependencia encargada de la política energética.
Se señala también que las disposiciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones serán transferidas a la nueva dependencia encargada de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.
Ajustes y transitorios
En cuanto a los ajustes a la administración pública, el dictamen plantea que los entes públicos deberán adecuar sus estructuras para cumplir con los principios de racionalidad y austeridad. Las duplicidades organizacionales serán eliminadas y las funciones de los organismos extinguidos se redistribuirán entre las dependencias del Ejecutivo Federal.
Además, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales para realizar las adecuaciones legislativas necesarias. Por su parte, las legislaturas estatales tendrán el mismo tiempo para armonizar sus marcos jurídicos en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
Se estipula que los recursos generados por la extinción de estos órganos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Asimismo, los bienes materiales y registros de los entes extintos serán transferidos a las dependencias encargadas de asumir sus funciones.
Impacto en los servidores públicos
Los comisionados de los órganos autónomos afectados que continúan en su cargo al momento de la reforma, finalizarán sus funciones una vez que entre en vigor la legislación secundaria. Los derechos laborales de los servidores públicos serán respetados y aquellos recursos humanos afectados serán absorbidos por las dependencias correspondientes.
La reforma en contexto
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que modifica artículos clave de la Constitución, es fruto de una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024 y de varias propuestas de diputadas y diputados. La reforma busca reestructurar la Administración Pública del país, promoviendo un modelo más eficiente y austero.
En este contexto, la diputada Kenia López Rabadán (PAN), quien presidió la Mesa Directiva durante la discusión, explicó que el objetivo de la reforma es centralizar ciertas funciones del gobierno, redistribuyendo las responsabilidades de los órganos autónomos entre diversas dependencias del Ejecutivo Federal, como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Función Pública y el INEGI.
Rechazo a la moción suspensiva
Durante la sesión, se desechó la moción suspensiva presentada por la diputada Anayeli Muñoz Moreno (MC), quien argumentaba que los órganos constitucionales autónomos son clave para la regulación, protección de los derechos humanos y la democracia, y que no se había consultado adecuadamente a la sociedad ni a los legisladores de la LXVI Legislatura sobre este cambio.
