García Luna solicita traslado urgente a otra cárcel por condiciones peligrosas; aún no paga su multa
El ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue trasladado de la prisión metropolitana de Brooklyn a un centro federal en Oklahoma, y luego a la penitenciaría de alta seguridad UPS Lee en Virginia, tras una solicitud de su equipo legal debido a los crecientes incidentes violentos en la instalación de Brooklyn. El traslado fue gestionado por su abogado, César de Castro, quien indicó que las condiciones del centro de detención representaban un riesgo para su seguridad, citando incidentes recientes, como dos asesinatos ocurridos en el verano de 2024, uno de los cuales se produjo a solo metros de García Luna.
El ex funcionario mexicano, quien fue condenado en octubre a 38 años de prisión por cargos de narcotráfico, fue trasladado el fin de semana a un centro provisional en Oklahoma antes de ser reubicado en Virginia. El equipo de defensa solicitó que fuera enviado a una prisión cercana a Maryland para facilitar las visitas familiares, aunque finalmente fue colocado en Virginia.
Por otro lado, a pesar de la sentencia que incluye una multa de dos millones de dólares, García Luna aún no ha pagado esta cantidad. Su equipo legal explicó que no cuentan con los recursos suficientes para cubrirla. Sin embargo, esta falta de pago no afecta su cumplimiento de la sentencia de prisión, que se extenderá hasta 2053. A largo plazo, el pago de la multa será necesario si García Luna busca acceder a beneficios penitenciarios.
El abogado de García Luna, César de Castro, también presentó una apelación formal ante el juez Brian Cogan respecto a la culpabilidad y la sentencia de 38 años de prisión. Se espera que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito evalúe el caso y tome una decisión en el primer semestre de 2025.
Además, en enero comenzará un juicio civil en Florida relacionado con la demanda que el gobierno de México ha interpuesto para recuperar 19 propiedades que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) considera adquiridas por la familia de García Luna y sus socios con recursos derivados de actos de corrupción.
