ONGs denuncian omisión del gobierno de Chihuahua ante desplazamientos forzados por violencia
Organizaciones civiles condenaron la negativa del gobierno de Chihuahua a reconocer el desplazamiento forzado por violencia, lo que calificaron como una revictimización hacia las familias afectadas. Señalaron que, pese a los enfrentamientos armados recientes en zonas como Guadalupe y Calvo, las autoridades insisten en que “no hay denuncias penales” ni “amenazas directas” que justifiquen su atención.
En un comunicado, la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) y el Colectivo en Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria advirtieron que esta postura ignora la gravedad del problema, que ha llevado a cientos de familias a huir de sus hogares, agravando la crisis en regiones de la Sierra Tarahumara. Las organizaciones subrayaron que estas familias no migran voluntariamente, sino que son víctimas de la violencia y del abandono institucional.
Según los colectivos, las autoridades han visitado las comunidades afectadas, pero persisten en negar oficialmente el desplazamiento, atribuyendo el fenómeno a la falta de empleo o alimentos, problemas que, aseguran, son consecuencia directa del clima de violencia e impunidad en la región.
El comunicado destaca que el desplazamiento forzado constituye una violación a los derechos humanos, reconocida tanto por la Ley General de Víctimas como por los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU. Sin embargo, la respuesta gubernamental sigue siendo insuficiente. Aunque el gobierno estatal anunció un protocolo para atender a víctimas de desplazamiento interno, las organizaciones señalaron que no han sido consultadas ni informado sobre avances en su elaboración.
Las víctimas de este delito han obtenido sentencias favorables que obligan a los tres niveles de gobierno a brindarles protección e indemnización. No obstante, dichas resoluciones no se han cumplido, profundizando la vulnerabilidad de estas personas.
Las organizaciones enfatizaron la urgencia de garantizar seguridad pública y acciones efectivas para proteger a las comunidades en riesgo, asegurando que las insuficientes medidas gubernamentales han perpetuado un ambiente de terror y enfrentamientos armados en la región.
