La jueza de control Guadalupe Patricia Juárez Hernández ordenó cambiar las medidas cautelares de prisión preventiva por libertad condicional a los policías Juan Peralta Alavés, estatal, y Carlos Guerrero Romero, federal. Ambos enfrentan cargos por la muerte de seis civiles y 27 heridos en el operativo fallido de Asunción Nochixtlán, ocurrido el 19 de junio de 2016.
Según la jueza, los acusados llevan más de dos años en prisión preventiva, excediendo el tiempo establecido por la ley, y atribuyó los retrasos del proceso a causas externas, por lo que determinó permitirles continuar su proceso en libertad. Como medidas, deberán acudir al juzgado cada 15 días, además de pagar multas de 20,000 y 10,000 pesos, respectivamente.
Los integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) criticaron duramente la decisión, calificándola como una forma de protección hacia los acusados. Aseguran que los retrasos en el proceso se deben a las maniobras legales presentadas por los policías para prorrogar diligencias e investigaciones.
La resolución también generó inconformidad entre las familias de las víctimas, quienes cuestionaron cómo la jueza pudo calificar el caso como “no complejo” cuando, tras más de dos años, no se ha resuelto ni se ha impartido justicia.
El Covic denunció que la liberación de los policías pone en riesgo la seguridad de las víctimas y testigos, debido a las conexiones e influencia de los acusados en cuerpos de seguridad. Además, cuestionaron la falta de explicación sobre los criterios para fijar las multas, considerándolo un mal precedente para la justicia en Oaxaca y en México.
Finalmente, el líder del Covic, Santiago Ambrosio, afirmó que esta decisión representa una grave anomalía que prioriza la protección a mandos policiacos por encima de la justicia para las víctimas de Nochixtlán.
