Donald Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos, si sus padres no son ciudadanos o residentes legales permanentes. Esta medida desafía la 14ª Enmienda de la Constitución, que durante más de 150 años ha garantizado la ciudadanía por nacimiento sin importar el estatus migratorio de los padres.
En respuesta, fiscales generales de 22 estados han presentado demandas para bloquear la orden, argumentando que es inconstitucional. Una coalición de 18 estados, liderada por Massachusetts e integrada por Nueva York, Nueva Jersey y California, destacó que la medida viola los derechos de miles de niños y podría impactar a las jurisdicciones locales al reducir financiamiento federal. Otras demandas, impulsadas por Arizona, Oregón, Illinois y Washington, se presentaron en Seattle, mientras que organizaciones civiles interpusieron recursos en New Hampshire y Massachusetts en nombre de familias afectadas.
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, señaló que este intento no solo atenta contra la ley, sino contra la esencia de Estados Unidos como nación. Por su parte, Letitia James, fiscal general de Nueva York, calificó la medida de “inconstitucional y profundamente peligrosa”. Ambos coincidieron en que Trump no tiene autoridad para modificar una enmienda constitucional ni eliminar derechos establecidos.
Desde la Casa Blanca, el subsecretario de prensa, Harrison Fields, defendió la orden ejecutiva como un reflejo de la voluntad popular y desestimó las demandas como un acto de “resistencia de la izquierda”.
Juristas y expertos advierten que Trump no puede implementar este cambio mediante una orden ejecutiva, por lo que el tema será decidido en los tribunales. Mientras tanto, esta medida enfrenta un camino legal incierto y ha desatado un intenso debate sobre los derechos fundamentales garantizados por la Constitución estadounidense.
