Juez federal bloquea temporalmente la orden de Trump para eliminar ciudadanía por nacimiento
Un juez federal calificó de “descaradamente inconstitucional” la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que pretendía poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos. Durante la primera audiencia de una de las cinco demandas interpuestas por 22 estados y diversos grupos de derechos de inmigrantes, el juez John Coughenour emitió una orden de restricción temporal que paraliza la medida a nivel nacional.
El magistrado, designado por Ronald Reagan, expresó su asombro ante la orden de Trump, subrayando que, en más de cuatro décadas de trayectoria judicial, nunca había enfrentado un caso con una acción tan claramente inconstitucional. Durante la audiencia, cuestionó de manera insistente a Brett Shumate, abogado del Departamento de Justicia, quien solicitó una sesión informativa completa para justificar la legalidad de la medida. Sin embargo, Coughenour dejó en claro que la audiencia era su oportunidad de argumentar.
El recurso legal fue promovido por Arizona, Illinois, Oregón y Washington, siendo el primero en llegar a una audiencia judicial. Los estados argumentan que la orden ejecutiva, programada para entrar en vigor el 19 de febrero, vulnera la 14.ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
El fiscal general adjunto de Washington, Lane Polozola, calificó de “absurdo” el argumento de la administración Trump de que los hijos de inmigrantes indocumentados no están sujetos a la jurisdicción estadounidense. Añadió que la medida implicaría gastos millonarios para los estados al tener que modificar sistemas de atención médica y beneficios sociales para evaluar el estatus de ciudadanía de los solicitantes. Además, subrayó que la medida afectaría a cientos de miles de personas, ya que “los nacimientos no se detendrán mientras el tribunal analiza este caso”.
En 2022, más de 255,000 niños nacieron de madres indocumentadas en Estados Unidos, según datos citados en las demandas. La ciudadanía por derecho de nacimiento, reconocida en países como México, Canadá y otros 28 en el mundo, ha sido interpretada consistentemente como una garantía constitucional en Estados Unidos desde hace más de un siglo.
Las demandas buscan frenar de manera definitiva la aplicación de la orden ejecutiva de Trump, argumentando que su implementación supondría un ataque directo a los principios fundamentales de la Constitución y a la protección de los derechos de los nacidos en territorio estadounidense.
