El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha Olabuenaga, destacó que México ha comenzado a presentar pruebas en la Corte Federal de Tucson, Arizona, en su demanda contra tiendas de armas estadounidenses. Consideró este avance como un logro significativo, ya que debilita el argumento de inmunidad que estas empresas han utilizado bajo la legislación estadounidense.
Arrocha señaló que los litigios estratégicos promovidos por México han logrado romper con este argumento, permitiendo que la demanda siga su curso en la Corte de Arizona. El Estado mexicano ha presentado dos demandas civiles en EE.UU. para combatir el tráfico de armas: una en 2021 en Boston, Massachusetts, contra fabricantes de armamento, y otra en 2022 en Tucson, Arizona, dirigida a tiendas de armas.
Sobre las declaraciones de Donald Trump en relación con el caso, el funcionario aseguró que no afectarán la decisión de la Suprema Corte de EE.UU., ya que se trata de un proceso jurídico independiente, cuya resolución depende exclusivamente de la Corte.
Respecto a la audiencia programada para el 4 de marzo, Arrocha viajó a Washington D.C. para supervisar su preparación y sostuvo reuniones con el presidente de Global Action Against Gun Violence, Jonathan Lowy, y el abogado Steve Shadow, representantes legales de México en ambas demandas.
En la audiencia, se analizarán los argumentos presentados por las empresas demandadas y por el Estado mexicano, para determinar su validez. Arrocha resaltó que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EE.UU. ha señalado que el 74% del flujo de armas ilegales en México proviene de Estados Unidos, lo que respalda la postura de México en el litigio.
México solicita que la Corte determine una indemnización y refuerce el control de la venta de armas en EE.UU. Se espera que la resolución de la Suprema Corte se emita a mediados de año, alrededor de junio. El objetivo principal del litigio es frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano.
