Corte Suprema de EE.UU. decidirá en junio sobre inmunidad de fabricantes de armas demandados por México
El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, informó que en junio se conocerá el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos sobre la inmunidad legal de las empresas fabricantes de armas demandadas por México. La decisión derivará de la audiencia programada para el 4 de marzo.
Durante un foro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Arrocha destacó que, independientemente del resultado, el gobierno mexicano ha diseñado una estrategia legal y política más amplia para enfrentar “el gran poder económico de la industria armamentista estadounidense”.
El litigio en la Corte Suprema forma parte de una demanda presentada en 2021 en una corte federal de Boston, Massachusetts, contra fabricantes de armas. En paralelo, México también mantiene una batalla legal en la corte de Tucson, Arizona, contra cinco tiendas de armas. En este caso, la jueza de distrito autorizó la fase de discovery, lo que permitirá la recolección de pruebas clave para el proceso.
Arrocha subrayó que estos litigios representan un enfoque jurídico innovador que podría allanar el camino para futuras acciones legales. “Ambos casos son punta de lanza en una estrategia que podría ampliarse a largo plazo”, señaló.
El gobierno mexicano busca, a través de estas acciones, reforzar los controles sobre la venta de armas en Estados Unidos para frenar el tráfico ilegal hacia México. Además, pretende influir en la opinión pública estadounidense sobre los efectos negativos de la proliferación de armas en la región.
El consultor jurídico mantiene comunicación con Jonathan Lowy, presidente de Global Action Against Gun Violence, y Steve Shadowen, abogado que representa a México en estos litigios. También confirmó su participación en la audiencia del 4 de marzo junto a su equipo legal.
Finalmente, Arrocha reiteró que México seguirá fortaleciendo su estrategia contra el tráfico ilícito de armas, explorando todas las opciones legales a nivel nacional e internacional para reducir el flujo de armamento que alimenta la violencia en el país.
