El gobierno de Venezuela denunció la presencia de buques extranjeros realizando actividades de explotación y comercialización de hidrocarburos en la zona marítima en disputa con Guyana, con el consentimiento de las autoridades guyanesas y el respaldo de Estados Unidos.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) negó haber ingresado en aguas guyanesas y aseguró que el patrullero Oceánico AB Guaiquerí (PO-11) realizaba labores de patrullaje en la fachada atlántica venezolana. A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa venezolano rechazó “categóricamente” las declaraciones del presidente de Guyana, Irfaan Ali, sobre una supuesta incursión militar en su territorio.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, afirmó que imágenes satelitales han confirmado la presencia de 28 buques de perforación y tanqueros extranjeros en la zona en litigio, operando bajo la autorización de Guyana y en violación del derecho internacional.
El gobierno guyanés respondió con una protesta formal convocando al embajador venezolano en Georgetown, Carlos Pérez, y trasladando su queja a Caracas a través de su representación diplomática. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la presencia venezolana cerca de las instalaciones de ExxonMobil, calificándola como una “clara violación del territorio marítimo internacionalmente reconocido de Guyana”.
El diferendo territorial por la región de Esequibo, que abarca dos terceras partes del territorio guyanés, se ha intensificado en los últimos años debido al descubrimiento de grandes reservas de petróleo en la zona. Analistas advierten que Guyana enfrenta el riesgo de la “maldición de los recursos”, con posibles conflictos internos derivados de la riqueza petrolera.
Expertos internacionales han señalado que el crudo de Guyana podría transformar a esta nación, una de las más pobres del hemisferio, en una potencia económica con ingresos per cápita comparables a los de países árabes. Entretanto, Venezuela mantiene su reclamo histórico sobre el Esequibo, argumentando que su interés no solo es de carácter soberano, sino también económico ante la explotación masiva de hidrocarburos en el área en disputa.
