Diputados aprueban reforma constitucional para prohibir el nepotismo y la reelección inmediata
La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir el nepotismo y la reelección consecutiva en diversos cargos públicos a partir de 2030. La iniciativa fue respaldada en lo general con 477 votos a favor y ahora será enviada a los congresos estatales para su análisis y eventual aprobación.
El dictamen recibió 432 votos a favor de Morena, PT, PVEM, PRI y MC, mientras que el PAN votó en contra con 28 sufragios y cuatro legisladores se abstuvieron. La reforma modifica los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución y busca evitar la concentración del poder y el abuso de influencias dentro de la administración pública.
Entre las disposiciones clave, se establece que ninguna persona podrá ser electa para una gubernatura si ha tenido, en los tres años previos a la elección, un vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco por consanguinidad o afinidad con quien ocupe actualmente ese cargo. Esta restricción también aplicará para la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, alcaldías, regidurías y sindicaturas.
Además, la reforma prohíbe la reelección inmediata de senadores y diputados federales. En el caso de presidencias municipales, regidurías, sindicaturas y diputaciones locales, serán los congresos estatales los encargados de determinar su aplicación.
Durante la discusión, el diputado Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de la Reforma Político-Electoral, destacó que esta medida evitará que el poder se herede o se utilice para favorecer a familiares, reduciendo el tráfico de influencias y garantizando igualdad de condiciones en los procesos electorales.
Por su parte, la diputada Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, subrayó que el nepotismo afecta gravemente al sistema político y a la sociedad, por lo que su eliminación no debe postergarse.
La reforma ahora queda en manos de los congresos estatales, que deberán discutirla y aprobarla para que entre en vigor.
