México presenta ante la Suprema Corte de EE.UU. su reclamo contra fabricantes de armas
El gobierno de México expuso ayer ante la Suprema Corte de Estados Unidos sus argumentos en el litigio contra ocho empresas fabricantes de armas, a las que señala por prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico ilícito de estos productos a territorio mexicano, generando violencia y sufrimiento en la población.
Durante la audiencia, México sostuvo que las acciones y omisiones de estas empresas permiten que las armas lleguen a manos de grupos criminales en el país. Como parte de su posicionamiento, el gobierno mexicano argumentó que los fabricantes no deben gozar de inmunidad bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos, legislación que protege a la industria armamentista de demandas por el uso indebido de sus productos por parte de terceros.
Previo a la audiencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó en su conferencia matutina que los datos recientemente revelados por el Departamento de Justicia de EE.UU. respaldan la postura de México. La mandataria señaló que el informe, publicado en enero, reconoce que el 74 % de las armas incautadas en México provienen ilegalmente de Estados Unidos.
La demanda fue presentada por México en 2021 y, aunque inicialmente fue desechada, en 2024 un tribunal de apelaciones permitió su continuidad. Ante esta decisión, las empresas demandadas solicitaron la intervención de la Suprema Corte para frenar el litigio.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó la confianza del gobierno mexicano en la solidez de sus argumentos jurídicos y aclaró que la demanda no cuestiona la Segunda Enmienda ni el derecho de los ciudadanos estadounidenses a portar armas, sino que se centra en el tráfico ilícito derivado de prácticas irresponsables por parte de los fabricantes.
Se espera que la Suprema Corte de Estados Unidos emita su fallo a finales del segundo trimestre de este año.
Los abogados que representan a México en este litigio son Jonathan Lowy, presidente de la organización Global Action on Gun Violence, y Steve Shadowen, acompañados por el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga, y Fadia Ibrahim, directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades de la SRE. Los argumentos orales en la audiencia fueron presentados por la abogada Cate Stetson, integrante del equipo jurídico de México.
