Diputados aprueban nueva regulación en materia de transparencia tras desaparición del INAI
La reforma establece la creación del organismo “Transparencia para el Pueblo”, dependiente del Ejecutivo. Oposición advierte riesgos en acceso a la información.
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó, sin modificaciones, la minuta enviada por el Senado que expide nuevas leyes en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Esta reforma busca regular las funciones que anteriormente desempeñaba el desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Tras más de dos horas y media de debate, la iniciativa fue avalada con 25 votos a favor por parte de Morena y sus aliados, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra. La propuesta será enviada a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno.
“Transparencia para el Pueblo” sustituirá al INAI
El dictamen establece que, tras la extinción del INAI y de los órganos garantes en las 32 entidades federativas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) asumirá la responsabilidad de garantizar el acceso a la información y la política de transparencia en la administración pública federal.
Para ello, se creará un órgano administrativo desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo”, el cual tendrá facultades similares a las del INAI y podrá resolver recursos de inconformidad contra resoluciones de otras autoridades garantes federales o estatales. Sin embargo, su ámbito de actuación se limitará a solicitudes relacionadas con el uso de recursos públicos federales.
Además, el nuevo organismo será responsable de presentar un informe anual sobre el acceso a la información pública en el país. La SABG también se encargará de la protección de datos personales en posesión de particulares, y los ciudadanos podrán impugnar sus resoluciones a través del juicio de amparo, que será resuelto por jueces y tribunales especializados.
En este nuevo esquema, distintas instituciones asumirán responsabilidades específicas en materia de transparencia. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral (INE) atenderá solicitudes relacionadas con partidos políticos, mientras que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje harán lo propio con sindicatos.
Además, se sustituirá el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por el nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, que ya no tendrá facultades para regular la Plataforma Nacional de Transparencia.
Oposición: el gobierno será “juez y parte” en acceso a la información
Durante la discusión, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) criticó la fragmentación del sistema de transparencia con la creación de 18 autoridades distintas, lo que, a su juicio, generará “laberintos burocráticos” y podría dar pie a interpretaciones contradictorias sobre el acceso a la información.
El legislador calificó el dictamen como un intento de “secretismo institucionalizado” y advirtió que facilitará la clasificación de documentos bajo el argumento de proteger la “seguridad nacional” o la “paz social”. También expresó su preocupación por la eliminación de un contrapeso institucional, ya que ahora la transparencia dependerá directamente del Ejecutivo.
En la misma línea, la diputada Iraís Reyes de la Torre (MC) alertó que el recurso de amparo como único medio de impugnación dificultará el acceso a la información, ya que implica costos y tiempos prolongados. También advirtió que el nuevo esquema podría facilitar la reserva de información con el argumento de que su divulgación afectaría el interés del Estado.
Morena defiende la reforma y critica excesos del INAI
En contraste, la diputada Elena Segura (Morena) aseguró que la reforma busca erradicar la corrupción y mejorar la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. Según la legisladora, el INAI operaba con un presupuesto excesivo y un aparato burocrático inflado, lo que justificaba su eliminación.
Segura recordó que, en 2023, el 71 % del presupuesto del INAI (más de mil millones de pesos) se destinó al pago de su personal. También acusó a gobiernos anteriores de haber clasificado millones de expedientes, señalando que, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se reservaron 12 millones de documentos, en el de Felipe Calderón más de 8 millones, y en el de Vicente Fox otros 3 millones.
Por su parte, el diputado Javier Herrera Borunda (PVEM) sostuvo que la desaparición del INAI no representa un retroceso en el derecho a la información, sino un ajuste necesario para acabar con lo que calificó como “abusos” dentro del organismo. Aseguró que existen pruebas documentadas en la Auditoría Superior de la Federación sobre el uso indebido de recursos por parte de los comisionados del INAI, incluyendo gastos en viajes personales y restaurantes de lujo.
La reforma, que sigue generando un fuerte debate, será discutida próximamente en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se definirá su aprobación definitiva.
