La administración de Donald Trump presentó una serie de apelaciones de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para avanzar en su intención de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, basándose en una interpretación jurídica que ya ha sido rechazada por varios tribunales inferiores.
El gobierno argumentó que los tribunales han excedido sus facultades al emitir órdenes judiciales a nivel nacional que bloquean la implementación de esta política, por lo que solicita que dichas órdenes sean limitadas en su alcance. La administración busca que su decreto, firmado el primer día del segundo mandato de Trump, entre en vigor en ciertas regiones del país.
Desde 1898, la Corte Suprema ha respaldado que la 14ª Enmienda otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio de sus padres. No obstante, sectores conservadores sostienen que la enmienda solo aplica a quienes están “sujetos a la jurisdicción” de EE.UU., lo que, según su interpretación, excluiría a los hijos de inmigrantes indocumentados.
El caso ha llegado a la Corte Suprema después de que tribunales federales en Massachusetts, Maryland y Washington suspendieran temporalmente la orden ejecutiva de Trump, la cual establece que solo los hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes serían considerados ciudadanos al nacer.
La administración Trump también busca restringir el uso de órdenes judiciales a nivel nacional, argumentando que su aplicación indiscriminada ha bloqueado múltiples políticas de su gobierno. Expertos legales advierten que, si la Corte Suprema accede a la petición, el fallo podría sentar un precedente que limite la capacidad de los jueces para frenar acciones ejecutivas futuras.
