UIF denuncia corrupción en el Poder Judicial tras el desbloqueo de cuentas congeladas

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, señaló que, desde el 1 de diciembre de 2018, se han congelado cuentas bancarias por un total de 32 mil 531 millones de pesos en casos de corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, por resoluciones del Poder Judicial, se han desbloqueado 23 mil 575 millones de pesos a través de juicios de amparo promovidos por los presuntos responsables.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó estas decisiones del Poder Judicial como actos de corrupción, argumentando que los bloqueos de cuentas realizados por la UIF responden a la identificación de recursos de origen ilícito vinculados a delitos financieros y delincuencia organizada.
“Esta corrupción de jueces y de muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es otra razón más para lo que va a suceder el 1 de junio —no diré más porque me sanciona el INE—. Cuando se demuestra corrupción y se liberan cuentas ligadas a delitos de cuello blanco o crimen organizado, no tiene otro nombre más que corrupción”, afirmó Sheinbaum.
Por su parte, Gómez detalló que, desde diciembre de 2018, la UIF ha incluido en su lista de bloqueos a 5 mil 904 personas físicas y mil 911 empresas, sumando un total de 7 mil 815 sujetos. No obstante, hasta ahora, 910 personas y 360 empresas han sido eliminadas de la lista.
Criticó que los jueces permitan el descongelamiento de cuentas incluso con suspensiones provisionales antes de iniciar un juicio formal. “Esto solo beneficia a quienes lavan dinero. No puede explicarse de otra forma que no sea corrupción. Una cosa es un error judicial, pero cuando todos los jueces actúan en la misma dirección, es otra historia”, sostuvo.
En respuesta a esta problemática, Sheinbaum anunció que enviará nuevas iniciativas al Congreso para fortalecer los mecanismos de control sobre el flujo de recursos ilícitos. Gómez subrayó la necesidad de mejorar el sistema de vigilancia financiera en México, dada su cercanía con Estados Unidos, el mayor mercado del mundo, lo que incrementa el riesgo de lavado de dinero.
“México tiene un enorme comercio con EE.UU., una fuerte presencia en el ámbito internacional y graves problemas con el narcotráfico y el crimen organizado. Estamos combatiendo la corrupción, pero el principal instrumento para estas actividades es el lavado de dinero. Necesitamos un sistema de control financiero más sólido. El Poder Judicial se ha convertido en el principal obstáculo para estos esfuerzos”, advirtió.
Gómez presentó este informe en el contexto de la polémica sobre las cuentas de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez, acusados de fraude en contratos del sistema penitenciario. Según el funcionario, obtuvieron grandes sumas de dinero mediante obras falsas y huyeron a Estados Unidos cuando las autoridades comenzaron a investigarlos.
“Se han mantenido fuera del alcance de la justicia, pero esperamos que sean extraditados y enfrenten su responsabilidad ante tribunales mexicanos. Sus cuentas fueron liberadas sin un juicio de fondo, y como ellos, hay cientos de personas en situaciones similares que han sido beneficiadas por decisiones judiciales”, concluyó Gómez.