Harvard demanda al gobierno de Trump por la suspensión de fondos federales y denuncia presiones políticas
La Universidad de Harvard presentó una demanda en contra del gobierno de Donald Trump tras la decisión de congelar cerca de 2 mil millones de dólares en fondos federales destinados a la institución, una medida que, según sus autoridades, pone en riesgo investigaciones científicas cruciales y representa una injerencia política sin precedentes en la educación superior.
El presidente interino de Harvard, Alan M. Garber, dio a conocer la acción legal este lunes a través de una carta dirigida a la comunidad universitaria. En ella, advirtió sobre las consecuencias de lo que calificó como “excesos del gobierno”, señalando que “las consecuencias serán graves y duraderas”. Garber, quien es judío, reconoció que la universidad enfrenta desafíos relacionados con el antisemitismo, pero aseguró que ya se han formado grupos de trabajo para atender tanto ese problema como los prejuicios contra la población musulmana.
La demanda se produce luego de que Harvard rechazara una lista de exigencias impuestas por la administración Trump. Según la Casa Blanca, las condiciones propuestas tenían el objetivo de combatir el antisemitismo y reducir los sesgos ideológicos en los campus. No obstante, entre los requerimientos figuraban medidas altamente controversiales como denunciar ante el gobierno a estudiantes “hostiles” a los valores estadounidenses, garantizar “diversidad de puntos de vista” en todos los departamentos académicos, e incluso permitir auditorías externas aprobadas por el Ejecutivo para investigar casos de presunto plagio entre el profesorado.
La administración Trump justificó la suspensión de fondos con el argumento de que Harvard no cumplía con las “condiciones de derechos intelectuales y civiles” necesarias para recibir financiamiento público. En respuesta, la universidad publicó una carta en la que calificó estas acciones como una “toma de control” por parte del gobierno federal.
Desde la Casa Blanca, se emitió un comunicado en el que se sostiene que “el dinero fácil de la asistencia federal a instituciones como Harvard, que enriquecen a sus burócratas groseramente sobrepagados con el dinero de los contribuyentes provenientes de familias estadounidenses que luchan por salir adelante, está llegando a su fin”.
El expresidente Barack Obama, egresado de Harvard, expresó su respaldo a la universidad y calificó la suspensión de fondos como una medida ilegal.
Harvard no es la única institución afectada. Otras universidades de la Ivy League también han sido objeto de recortes presupuestales por parte del gobierno. La Universidad de Cornell vio suspendidos mil millones de dólares en fondos, mientras que la Universidad de Brown enfrentó la retención de 510 millones. En la Universidad de Columbia, donde se registraron intensas protestas estudiantiles pro-palestinas en 2024, se aceptaron algunas exigencias gubernamentales tras la amenaza de perder 400 millones de dólares en financiamiento federal.
El conflicto entre el gobierno de Trump y las universidades ocurre en un contexto de creciente desconfianza hacia la educación superior. Una encuesta de Gallup reveló que la confianza en estas instituciones ha disminuido entre ciudadanos de todas las orientaciones políticas, aunque el descenso es más marcado entre los votantes republicanos, muchos de los cuales consideran que las universidades impulsan una agenda política sesgada.
