La 65ª Legislatura del Congreso de Sinaloa aprobó una reforma al Código Penal del estado para tipificar como delito el “halconeo”, es decir, las actividades de espionaje o vigilancia contra los elementos de seguridad pública. Esta reforma contempla agravantes adicionales cuando se utilicen menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad para cometer este tipo de ilícitos.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Geraldine Bonilla Valverde, informó que 31 diputados votaron a favor de la modificación del artículo 293 Bis del Código Penal de Sinaloa. La reforma, presentada por la Comisión de Justicia, clasifica como delito el acto de perseguir a funcionarios públicos con fines ilegales, así como el uso de tecnología para obtener información sobre operativos o la ubicación de fuerzas de seguridad.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es el agravante relacionado con el uso de personas en situación de vulnerabilidad para llevar a cabo actividades de espionaje, un tema que ha cobrado especial relevancia ante la creciente sofisticación de los métodos del crimen organizado para desestabilizar los esfuerzos de las autoridades de seguridad pública.
El Congreso de Sinaloa asumió la responsabilidad de fortalecer el marco jurídico estatal para enfrentar las nuevas amenazas del crimen organizado, especialmente aquellas vinculadas al uso de tecnologías no reguladas y la involucración de grupos vulnerables en actividades ilegales de vigilancia.
La reforma, que también está alineada con la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el gobierno federal, refuerza la cooperación entre las autoridades locales y federales, con un enfoque prioritario en la protección de la ciudadanía.
Aunque el delito de halconeo ya estaba tipificado en la legislación de Sinaloa desde 2013, con penas de entre 4 años 6 meses y 15 años de prisión y multas de hasta 2,000 días de salario, la nueva reforma establece que las sanciones podrán ser duplicadas en caso de que se cometa este delito bajo las circunstancias previstas.
La iniciativa fue promovida por los legisladores María Teresa Guerra, Arely Ruiz y Eligio López Portillo, del grupo parlamentario de Morena.
