ONG advierte sobre riesgo de liberar a exalcalde vinculado al asesinato de Miroslava Breach
Una audiencia programada para este martes en el Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua determinará si Hugo Amed Schultz, exalcalde panista de Chínipas, puede obtener su libertad condicionada tras cumplir la mitad de su sentencia por participar en el asesinato de la periodista Miroslava Breach.
Schultz fue sentenciado a ocho años de prisión en junio de 2021, luego de admitir su responsabilidad en el crimen ocurrido el 23 de marzo de 2017. Según la organización Propuesta Cívica, que acompaña a la familia de la periodista, el exfuncionario proporcionó información al presunto autor intelectual, Crispín N., y a los autores materiales Juan Carlos Moreno Ochoa (alias “El Larry”), Jaciel N. y Ramón N.
“La organización ha tenido conocimiento de una campaña mediática que busca sembrar dudas con respecto al papel de Amed Schultz en el asesinato de Miroslava, posiblemente con el objetivo de influir en la decisión sobre su libertad condicionada”, advirtió Propuesta Cívica en un comunicado emitido el 5 de mayo.
La ONG subrayó que la responsabilidad penal de Schultz no será objeto de debate en la audiencia, ya que existe una sentencia firme basada en su propia confesión. “Cabe señalar que la pena por homicidio en el estado de Chihuahua es de diez a 25 años. La actual sentencia de ocho años es en sí una sentencia reducida, debido a que Amed Schultz confesó su plena responsabilidad penal”, señaló la organización.
Propuesta Cívica expresó su preocupación por la posible liberación del exalcalde, quien ha cumplido solo cuatro años en prisión, y recordó que fue el primer actor político en México condenado por el asesinato de una periodista. “El asesinato de Miroslava Breach Velducea, periodista reconocida por sus investigaciones sobre corrupción y narcopolítica, tuvo un profundo impacto social y constituye un grave atentado contra la libertad de expresión y la democracia”, destacó.
La organización pidió al tribunal considerar la trascendencia del crimen, cometido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y tomar una decisión que garantice justicia y salvaguarde los derechos y la seguridad de las víctimas indirectas.
A ocho años del homicidio, solo Schultz y Moreno Ochoa han sido sentenciados, aunque se ha identificado la participación de al menos cinco personas. La periodista, corresponsal de La Jornada y editora de Norte de Juárez, fue asesinada después de recibir amenazas por su labor informativa.
