La Suprema Corte de Estados Unidos manifestó dudas sobre la constitucionalidad de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, emitida el primer día de su segundo mandato, que busca negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas en el país de manera ilegal o temporal.
Durante la audiencia del jueves, los jueces se mostraron escépticos ante el intento del gobierno de restringir un derecho establecido en la Enmienda 14 de la Constitución, que otorga la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres. La decisión de fondo se espera para finales de junio.
“Es falsa (la información) y esa fotografía que sale no corresponde a ninguna operación en México”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse a un caso distinto, pero ilustrativo del escepticismo creciente frente a medidas migratorias que se perciben como contrarias a la Constitución.
En el caso de la ciudadanía por nacimiento, tres tribunales federales ya bloquearon de forma nacional la orden de Trump, y ahora la Corte Suprema evalúa no solo la validez del decreto, sino también si es correcto permitir que jueces regionales emitan fallos con efecto en todo el país.
“Todos los tribunales han fallado en su contra”, señaló la jueza Elena Kagan al procurador general John Sauer. Kagan advirtió que, de invalidarse los bloqueos nacionales, “todos esos individuos van a ganar. Y los que no pueden permitirse ir a la corte, son los que van a perder”.
El abogado del gobierno evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la orden de Trump y enfocó su argumento en pedir que los fallos de tribunales inferiores se limiten a sus respectivas jurisdicciones. La mayoría conservadora de la Corte pareció abierta a esa posibilidad, mientras que los jueces liberales alertaron que ello podría provocar miles de demandas si el derecho a la ciudadanía se aplica de forma desigual entre estados.
La Corte también revisa otras iniciativas de la administración Trump en materia migratoria, como el fin de permisos humanitarios para cientos de miles de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y los intentos de aplicar leyes antiguas para justificar deportaciones aceleradas.
En el centro del debate está el principio constitucional de que “toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadano de Estados Unidos”. El fallo de la Suprema Corte podría redefinir el alcance de ese derecho y la capacidad de los tribunales para frenar acciones presidenciales en todo el país.
