Preocupa en El Salvador la represión contra la prensa y organizaciones civiles bajo el gobierno de Bukele

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció una intensificación en la persecución contra medios de comunicación y defensores de derechos humanos por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, generando un ambiente de “temor” en el país. En un comunicado emitido este domingo, la organización acusó a la administración de protagonizar “una escalada autoritaria”, y alertó sobre un mayo marcado por la “criminalización y asfixia” de voces críticas, particularmente desde la Fiscalía y la Policía.

La denuncia de APES se suma a las críticas de organismos internacionales, que advierten sobre una creciente represión en El Salvador. En las últimas semanas, abogados, activistas y figuras religiosas han sido detenidos, entre ellos Ruth López, reconocida por documentar casos de corrupción y por asistir a migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos. También fueron encarcelados el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, el pastor José Pérez y el activista Fidel Zavala, este último acusado de integrar pandillas.

“El gobierno (de Bukele) y su fiscalía han protagonizado una escalada autoritaria”, indicó APES, fundada en 1936. “Se vive en un clima muy tenso y de temor entre las organizaciones (…) Mayo ha sido un mes de persecución, criminalización y asfixia de todas las voces críticas o disidentes que trabajan en la defensa de derechos humanos o en la prensa no alineada” al gobierno salvadoreño.

De acuerdo con APES, más de una docena de personas se han visto forzadas a abandonar el país recientemente por temor a detenciones arbitrarias. En respuesta, la organización exigió al gobierno que “deje de sembrar incertidumbre” y demandó a las autoridades de justicia abstenerse de colaborar con la persecución de opositores.

Pese a las denuncias por violaciones a derechos humanos derivadas de su estrategia de seguridad, Bukele mantiene altos niveles de popularidad, en buena parte por la reducción de homicidios atribuida a su gobierno. Sin embargo, los métodos empleados continúan generando preocupación dentro y fuera del país.

Uno de los casos más significativos es el del medio independiente El Faro. El pasado 1 de mayo, este sitio publicó una investigación que revela supuestas negociaciones secretas entre funcionarios del gobierno y líderes de pandillas, claves en el ascenso político de Bukele. Tras su publicación, los editores denunciaron amenazas de muerte, vigilancia ilegal, drones que ingresaron a las viviendas de periodistas y una posible orden de captura contra al menos siete miembros del equipo.

La Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión respondió que “el principio de legalidad aplica en nuestro país para todos los ciudadanos, incluidos los periodistas”, asegurando el respeto al debido proceso. Sin embargo, los antecedentes del gobierno respecto a la prensa contradicen este discurso. Desde 2019, El Faro ha sido blanco de vigilancia, acoso e incluso espionaje con el software Pegasus. En 2021, la CIDH otorgó medidas cautelares a 34 periodistas del medio. Parte de su equipo se exilió en Costa Rica en 2023, aunque sigue enfrentando campañas de difamación y presiones legales.

APES advierte que esta persecución no es aislada. Tan solo en 2024 se han registrado 789 ataques contra la prensa, un aumento del 154 % respecto a 2023. El 70 % de estos casos involucran a instituciones estatales, fuerzas de seguridad o funcionarios públicos, lo que ha empujado al exilio a numerosos periodistas.

Las recientes medidas legislativas agravan el panorama. Esta semana, el Congreso —controlado por el oficialismo— aprobó una ley que obliga a las organizaciones no gubernamentales a registrarse como “agentes extranjeros” y a pagar un impuesto del 30 % por las donaciones que reciban, medida criticada por restringir aún más el espacio cívico.

En medio de este contexto, organizaciones nacionales e internacionales reiteran su llamado a detener la represión, respetar la libertad de expresión y garantizar el ejercicio del periodismo sin temor a represalias.