Hugo Aguilar Ortiz lidera preferencias para ocupar cargo en la Suprema Corte

Hugo Aguilar Ortiz, identificado como candidato indígena y originario de Oaxaca, encabeza las preferencias en la elección para ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al obtener, hasta pasado el mediodía de este lunes, 3 millones 287 mil 099 votos, lo que representa el 5.14 por ciento del total. Esta cifra lo coloca por encima de las actuales ministras en funciones y contendientes: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
El aspirante figura con el número 34 en la boleta electoral morada, correspondiente a la elección de ministras y ministros. Se presenta como un candidato con identidad indígena y promovió su campaña bajo el lema “¡Ya nos toca!”, acompañado por mensajes como “amor y compromiso” y atuendos que recuerdan al estilo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En su perfil publicado en la plataforma ¡Conóceles! del Instituto Nacional Electoral (INE), Aguilar explicó: “Como indígena, un cargo es sinónimo de servicio y busco ponerme al servicio de la justicia y de los pueblos”.
Con formación en Derecho Constitucional y experiencia como coordinador general de derechos indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), donde ha trabajado por casi siete años, Aguilar ha construido una carrera enfocada en los derechos colectivos, el pluralismo jurídico y la justicia con enfoque comunitario.
“La justicia no debe basarse solo en la aplicación de la ley, pues en pocas ocasiones la verdad legal está acorde con la verdad real”, sostiene en su visión sobre la función de un ministro de la SCJN. “El reto principal que tiene la función jurisdiccional es acercar la justicia a la realidad, hacerla útil, generar paz y tranquilidad. Las resoluciones deben ser fuente de unidad y no el inicio de nuevas etapas de conflictividad”.
El candidato ha sido representante legal en al menos 40 casos de comunidades indígenas vinculados a conflictos agrarios y disputas entre sistemas jurídicos. También formó parte del equipo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la elaboración de iniciativas de reforma constitucional ante la Comisión de Concordia y Pacificación.
En 2006, presentó seis controversias constitucionales ante la SCJN contra la Ley de Radio y Televisión, argumentando que dicha norma excluía el derecho de los pueblos indígenas a operar sus propios medios. Además, fue asesor jurídico del municipio guatemalteco de Santiago Atitlán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y de otras organizaciones indígenas en América Latina.