Conagua presenta fundamentos legales para desmantelar presas ilegales en rancho de César Duarte
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que presentó ante el Juzgado Décimo de Distrito los elementos jurídicos que respaldan la legalidad del desmantelamiento de presas y represas construidas de manera irregular en el rancho El Saucito, ubicado en Chihuahua y propiedad del exgobernador César Duarte Jáquez.
De acuerdo con un comunicado oficial, la Conagua argumentó que las acciones emprendidas se basan en una resolución firme, que ya agotó todas las vías legales posibles, por lo que la suspensión provisional otorgada para frenar la demolición carece de validez.
“La suspensión provisional es improcedente, ya que se trata de un asunto que ha causado estado y cuya resolución tiene trascendencia para la sociedad”, señaló la dependencia. Además, recordó que las sanciones impuestas fueron impugnadas en su momento por Duarte en diversas instancias, pero todas fueron validadas por el Poder Judicial de la Federación.
Ante la falta de legalidad de dicha suspensión, Conagua también presentó un recurso de queja contra la medida emitida por la titular del Juzgado Décimo de Distrito, con sede en Chihuahua, así como la documentación necesaria para solicitar su revocación.
La dependencia federal informó que ya interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), derivadas de presuntos actos ilegales detectados durante una diligencia realizada el pasado 27 de mayo. Entre ellos se encuentran el posible uso indebido de bienes nacionales y casos de maltrato animal.
Conagua reiteró que las sanciones impuestas responden a la construcción de obras sobre propiedad federal, la explotación de recursos hídricos y la alteración del cauce natural de cuerpos de agua sin contar con las autorizaciones correspondientes. Estas anomalías, subrayó, siguen vigentes y no pueden permitirse.
Finalmente, la dependencia reafirmó su compromiso con la protección del derecho humano al agua y con la gestión responsable de los recursos hídricos nacionales, siempre en estricto apego a la legalidad.
