Coparmex propone comité tripartito para evaluar transición a jornada laboral de 40 horas
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso crear un comité tripartito —integrado por representantes del gobierno, trabajadores y sector empresarial— que supervise y evalúe de forma continua la transición hacia una jornada laboral de 40 horas semanales. La intención es que esta reforma pueda ajustarse, pausarse o incluso reprogramarse en caso de que se presenten condiciones económicas adversas como una recesión.
Juan José Sierra, presidente del organismo, subrayó que la implementación de la medida debe ser “ordenada y escalonada por sectores”, considerando esquemas flexibles de trabajo semanales o quincenales, dependiendo de la naturaleza de cada industria, como minería, construcción, turismo o comercio.
“Proponemos una transición ordenada, una implementación escalonada por sectores; una revisión periódica guiada por un comité tripartito conformado por representantes del gobierno, los trabajadores y el sector empresarial, que permita evaluar anualmente si las condiciones macroeconómicas nacionales e internacionales justifican mantener el ritmo del cambio, ajustarlo o reforzarlo”, señaló Sierra.
Agregó que “si en algún momento las condiciones cambian drásticamente, por ejemplo ante una recesión económica, ese mismo mecanismo debe permitir hacer una pausa, un ajuste o una adecuación temporal sin desviar el objetivo de fondo”.
Durante su participación en el quinto foro para la implementación de la Semana Laboral de 40 horas, realizado en Querétaro e inaugurado por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Sierra explicó que el comité funcionaría de forma similar al que analiza los aumentos al salario mínimo.
“Año con año analizamos con seriedad la inflación, el desempeño económico, el impacto en las empresas y las condiciones sociales. Gracias a ese análisis riguroso, se logró un aumento de más del 150% en términos reales, sin generar inflación y pérdida de empleo”, apuntó.
Coparmex también planteó la necesidad de establecer apoyos específicos para micro y pequeñas empresas —responsables de 65% del empleo en el país—, además de proponer incentivos fiscales como la deducibilidad total de prestaciones laborales, así como la revisión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el subsidio al empleo, con el objetivo de evitar pérdidas de ingresos y la salida de trabajadores de la formalidad.
