La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta una nueva ola de críticas tras firmar un decreto que duplica su salario mensual, elevándolo de 16.000 soles (aproximadamente 4.500 dólares) a 35.500 soles (cerca de 10.000 dólares). La medida se da en un contexto de fuerte impopularidad: según la encuestadora Datum Internacional, la mandataria cuenta con apenas un 3% de aprobación.
El anuncio ha generado reacciones negativas en redes sociales, donde usuarios calificaron el aumento como “indigno” y “escandaloso”, recordando que el nuevo salario presidencial equivale a casi 35 veces el salario mínimo en el país, que es de 1.025 soles (unos 288 dólares). La molestia ciudadana se reflejó también en incidentes recientes como la visita de Boluarte a Arequipa, donde su vehículo fue apedreado y le arrojaron huevos.
El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, defendió el incremento argumentando que el salario de Boluarte estaba entre los más bajos de la región. “De esos 12 países, el sueldo de la actual presidenta ocupaba el puesto número 11”, afirmó, señalando que sólo superaba al del presidente de Bolivia. Añadió que, al comparar el ingreso con el de otros jefes de Estado de América Latina y aplicar un criterio de paridad de poder adquisitivo, el nuevo monto se estimó en unos 37.700 soles (10.600 dólares).
Aunque el funcionario no especificó qué países fueron considerados en el análisis, un listado publicado por Deutsche Welle en marzo de 2024 incluía a Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Uruguay. Perú no aparecía en esa lista.
De acuerdo con la actualización de julio de 2025, Uruguay se mantiene como el país que más paga a su presidente (26.600 dólares mensuales), mientras que Bolivia y Argentina reportan los sueldos más bajos, con 3.500 y 3.260 dólares respectivamente. En contraste, los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no revelan públicamente esta información.
Boluarte, quien no fue electa directamente sino que asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, ha estado envuelta en diversas controversias. Entre ellas, investigaciones sobre posibles omisiones en la declaración de regalos de lujo y cuestionamientos por no delegar funciones mientras se sometía a una cirugía estética.
Pese a las críticas, la mandataria ha negado cualquier irregularidad. Sin embargo, la percepción pública sobre su liderazgo continúa deteriorándose ante la falta de resultados en temas clave como la seguridad y el combate a la delincuencia.
