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Señalan a Peña Nieto como beneficiario de inversión israelí ligada a contratos con Pegasus

El expresidente Enrique Peña Nieto habría recibido una inversión de 25 millones de dólares por parte de los empresarios israelíes Avishai Neriah y Uri Ansbacher, con el objetivo de obtener contratos durante su sexenio relacionados con la comercialización del software espía Pegasus, según reveló una investigación del diario israelí The Marker.

De acuerdo con el periodista Gur Meggido, quien tuvo acceso a documentos judiciales, los empresarios calificaron esa suma como una “inversión conjunta en una figura de alto rango”, en referencia a Peña Nieto. La disputa entre ambos hombres de negocios surgió cuando Ansbacher exigió a Neriah el reembolso del 50% de los gastos realizados entre 2012 y 2018, periodo en que el entonces mandatario mexicano habría facilitado el acceso a altos funcionarios y contratos gubernamentales.

La controversia legal comenzó en 2024 mediante un arbitraje secreto bajo la Ley de la Torá, que estuvo a cargo de los rabinos Jonathan David Hall, Haim Friedman e Yitzhak Meir Blasberg. Como el conflicto no se resolvió, fue transferido a la justicia civil, quedando bajo la jurisdicción del Tribunal de Distrito de Jerusalén.

En su fallo inicial, los árbitros señalaron que los empresarios “se beneficiaron enormemente y alcanzaron altos cargos en los círculos de poder y funcionarios de las más altas esferas gubernamentales, gracias a sus vínculos con la personalidad”, aludiendo nuevamente a Peña Nieto. También afirmaron que los inversionistas enfrentaron dificultades para recuperar el dinero, debido a que el exmandatario era presidente en funciones durante el periodo de los hechos.

Según el reportaje, los empresarios llegaron incluso a referirse a sus conexiones con funcionarios mexicanos como “pertenencias”, lo que evidenciaría la relación instrumental y de control que tenían sobre dichos vínculos.

El caso se da en el contexto del escándalo internacional por el uso del software Pegasus, adquirido por agencias mexicanas durante el gobierno de Peña Nieto y que ha sido señalado por su uso indebido en el espionaje a periodistas, activistas y figuras políticas de oposición.

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