FGR y Encinas critican liberación de militares en caso Iguala; ven ventajas indebidas
La dependencia federal consideró que este hecho es “absolutamente” injusto para las víctimas y para la Nación, dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, por lo que presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas.
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó este domingo “de maneja tajante” la decisión de la Jueza federal, Raquel Ivette Duarte Cedillo, de revocar la prisión preventiva a ocho militares acusados de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, hace más de nueve años.
A través de un comunicado, la dependencia federal criticó que la secuela procesal de la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y los magistrados del Tribunal Colegiado, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, es “absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas”.
De acuerdo con la FGR, la determinación de los juristas concedió “ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa”.
En este contexto que aseguró, está afectando a 43 desaparecidos, a sus familias, a sus seguridad y a la Nación misma, “dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas sobre las cuales ahora se determina una libertad procesal de alta peligrosidad”, se buscará aplicar procedimientos de amparo y de ampliación de amparo “con el propósito de generar una evidente situación de injusticia”.
“Ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen”, reiteró la FGR.
Las autoridades federales señalaron que esta conducta procesal es “notoriamente injusta” y que, además, “se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política”.
También acusaron que algunos medios de comunicación utilizan la información de manera “parcial y engañosa”, cometiendo una distorsión mediática que se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años, lo cual ha demostrado la persecución y la descalificación injustas de los medios que así han actuado.
a FGR puntualizó que durante el 2023, el Ministerio Público de la Federación obtuvo nueve mil 150 sentencias favorables para las víctimas y difundió diariamente más de 700 comunicados, así como cerca de cuatro mil comunicados más a nivel local.
“Toda esta obligación de información se ha cumplido rigurosamente, sin que la FGR haya pagado ni un solo centavo en los últimos cinco años para comprar publicidad mediática que la favorezca o que genere una imagen que debe de ganarse con información permanente, veraz y objetiva, tanto de la Institución como de los medios”, detalló.
ENCINAS ACUSA IMPUNIDAD
Por su parte, Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, también reprobó la determinación de la Jueza federal que ordenó la tarde del sábado la liberación de los ocho militares que se encontraban presos por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de los 43 jóvenes.
Encinas investigaba la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración el pasado 19 de octubre.
Hoy, a través de su cuenta de X, calificó la decisión como “un nuevo sabadazo”, que la Jueza Duarte Cedillo aprovechara el fin de semana para otorgar el beneficio de libertad condicional a los ocho militares acusados de estar relacionados en el caso.
“Un nuevo sabadazo. Allanan el camino a la impunidad”, publicó.
Minutos más tarde, lamentó en una nueva publicación desde su cuenta personal que los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litiguen contra la investigación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México”, dijo.
MÁS LEJOS DE LA JUSTICIA
Ayer, la Jueza, con sede en Toluca, otorgó la liberación a los militares, identificados como Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo, que abandonaría ese mismo día la prisión del Campo Militar 1-A, después de pagar una garantía económica de 50 mil pesos, entregar sus pasaportes y comprometerse a firmar periodicamente el libro de procesados.
Santiago Aguirre, abogado de los padres de los desaparecidos, explicó el sábado a The Associated Press que la audiencia en que se tomó la decisión tuvo lugar la víspera y los beneficiados por el cambio de medida cautelar están acusados por el delito de desaparición forzada de personas, lo que supone un nuevo golpe a un caso que después de nueve años sigue sin esclarecerse.
“Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de Sedena (Secretaria de la Defensa Nacional)”, agregó Aguirre. “En la defensa de estos acusados participan abogados militares”.
Con esta medida sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un General, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército, agregó Aguirre. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada. Presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.
A nueve años del ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.
La participación de las Fuerzas Armadas está confirmada por la FGR, así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este Gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso ocho años. Sin embargo, no está claro hasta dónde llegó su actuación.
Crédito: SINEMBARGO
