2022, el año más violento para defensores ambientales en casi una década; México incumple acuerdo internacional para protegerlos
El Cemda documentó que en 2022 se registraron 197 eventos de agresión contra personas y comunidades defensoras del medio ambiente, la cifra más alta desde que comenzó a contabilizar estos hechos en 2014. De esas agresiones, 24 fueron letales.
Tras casi una década de documentar las agresiones a personas defensoras del medio ambiente, comunidades y pueblos indígenas, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó su informe anual sobre el tema, en el que alertó que Guerrero registró el mayor número de agresiones letales, mientras que Oaxaca —por segunda ocasión— encabezó los eventos de agresión.
Cifras generales del informe muestran que en 2022 se contabilizaron más de 197 eventos de agresión en los que se atentó contra la vida, la integridad personal, las formas de vida, los bienes, la tierra y el territorio de personas y comunidades defensoras ambientales en México.
Esos 197 eventos de agresión hacen de 2022 el año más violento en este rubro en casi una década.
Desde el primer informe del Cemda en 2014, los años con más eventos de agresión han sido 2015, con 107; 2021, con 108, y 2022, con 197.
En términos de agresiones letales, los peores años han sido 2017, con 29; 2021, con 25, y 2022, con 24.
Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo del Cemda, señaló este martes que entre las agresiones documentadas destacan intimidación con 25%, hostigamiento con 20%, amenazas con 11%, agresiones físicas con 10.5% y homicidios con 4.1%
De acuerdo con el Cemda, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador 82 personas defensoras ambientales han sido asesinadas. Es “algo insostenible e inaceptable”, dijo Alanís.
Oaxaca encabeza agresiones por segunda vez
Las entidades con más eventos de agresión registrados son Oaxaca con 34; la Ciudad de México, con 27; Chihuahua, con 21, y Jalisco, con 20.
En la lista también están Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Estado de México, San Luis Potosí y Tamaulipas. Esto muestra que en 23 de los 32 estados se registró por lo menos un evento de agresión.
Las agresiones documentadas se dirigen principalmente a integrantes de comunidades defensoras, organizaciones civiles, personas comuneras, de la academia, ejidatarias, comunicadoras y periodistas, abogadas y defensoras independientes.
Los sectores de mayor riesgo en defensa del territorio son: minería, biodiversidad con la protección y defensa de áreas naturales protegidas, bosques, vías de comunicación, sector hídrico y energía eléctrica.
Los perpetradores han sido principalmente funcionarios de alguno de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), fiscalías estatales y federal, cuerpos militares e incluso hubo una agresión cometida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Además, se tienen documentadas agresiones de la delincuencia organizada, paramilitares, personas de las propias comunidades, caciques y empresas.
México incumple acuerdo internacional
Alanís recordó que México debe garantizar la seguridad de las y los defensores de la biodiversidad y el territorio, según lo establece el artículo noveno del Acuerdo de Escazú, instrumento internacional del cual México es parte desde el 22 de abril de 2021.
El Acuerdo de Escazú fue adoptado por 24 países en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Nace de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de 2012. Su importancia radica en el derecho al acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.
“En su artículo noveno habla de los Estados que deben garantizar un entorno propicio para que defensores puedan realizar su trabajo en completa seguridad. Los Estados tienen que prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas e intimidaciones que sufren los defensores. Al día de hoy, hay una omisión total”, señaló Alanís en conferencia de prensa.
En la presentación también estuvo Raquel Camacho Lagunes, prima de Ricardo Lagunes, abogado de derechos humanos. Él y Antonio Díaz, líder indígena, continúan desaparecidos desde hace tres meses ; se encontraban realizando labores de defensa. Ambos eran críticos de la mina Aquila, en San Miguel Aquila, Michoacán, desde 1998.
“Pareciera que al Estado mexicano no le importa ni la vida ni la muerte. Me es un privilegio hablar por los que no están. La indiferencia cesa cuando le sucede a uno. Cuando el Estado falla, solo quedamos nosotros”, denunció Raquel Camacho hoy.
Fuente: Animal Politico
