Larrea no pagó el desastre que causó en Sonora, pero en estos años aumentó su riqueza

Considerado el peor desastre ambiental en la historia de México, el derrame a los ríos Sonora y Bacanuchi ha afectado desde hace una década la vida de más de 22 mil personas. Hasta el día de hoy, las comunidades de la cuenca siguen enfrentando graves consecuencias de salud por la presencia de metales pesados en sus cuerpos, aire, agua y suelo. En contraste, German Larrea, dueño de la minera responsable, ha visto su inmensa fortuna crecer año con año.

Se cumplieron 10 años del derrame de aguas residuales de la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, del empresario Germán Larrea, que afectó a los ríos Sonora y Bacanuchi, y a las localidades que dependen de estas dos fuentes de agua, cuyos habitantes acusan a la empresa responsable de no haber, hasta ahora, reparado el daño.

El 6 de agosto de 2014, después de unas fuertes lluvias, 40 millones de litros de aguas residuales con sulfato de cobre acidificado se desbordaron desde un depósito de relaves en la mina Buenavista del Cobre, que se localiza en el municipio de Cananea, hasta los ríos Sonora y Bacanuchi, a poco menos de 100 kilómetros de la ciudad de Nogales, Sonora.

Tras 10 años no se han resarcido los daños ni ha habido justicia para los damnificados, y en contraste ha crecido la fortuna de Germán Larrea. De acuerdo con la última lista de millonarios de Bloomberg, el empresario fue uno de los hombres que más logró multiplicar su ya de por si gigantesca fortuna durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto, ya que desde finales de 2018 y hasta julio de 2024, el dueño de Grupo México pasó de acumular 4.1 mil millones de dólares a sumar 37 mil 800 millones de dólares, hasta la última semana de julio. Su crecimiento fue de aproximadamente el 922 por ciento en un sexenio. Tan sólo el año pasado, las empresas de Larrea reportaron ganancias por 14.4 mil millones de dólares. El también dueño de la cadena de cines Cinemex se ubica en el lugar 41 de los más ricos del mundo.

Pero esta riqueza no ha hecho que Larrea se responsabilice y atienda el que ha sido denominado el peor desastre ambiental en la historia de México, que afectó gravemente la vida de más de 22 mil personas, lo que persiste hasta el día de hoy, ya que las comunidades de la cuenca siguen enfrentando graves consecuencias de salud por la presencia de metales pesados en sus cuerpos, aire, agua y suelo.

Un informe llevado a cabo en 2023, señala que el derrame no se debió solamente a las fuertes lluvias como se informó inicialmente, sino al “diseño deficiente” de una presa en la mina Buenavista del Cobre, propiedad del mayor productor de ese metal en el país, el Grupo México, lo que las autoridades confirmaron mediante imágenes satelitales.

“La narrativa oficial establece que a las 10 horas del 6 de agosto del 2014 en el sistema de lixiviación Las Tinajas, se presenta un lagrimeo de jales sobre la Presa Poniente debido a las lluvias y escurrimientos generados en la cuenca alta, lo que provoca el derrame por encima de la cortina”, se recordó en el informe de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Sin embargo, a través del uso de información climática histórica e imágenes de satélite, fue posible hacer el seguimiento a la construcción y falla de este sistema de presas”, se destacó en el documento que consta de 239 páginas, en el que las autoridades detallaron que el derrame de aguas residuales fue consecuencia del mal diseño hidráulico del sistema de presas, que se realizó en menos de un año.

Lo anterior, debido a que las imágenes presentadas en el informe revelaron que hasta junio de 2013, “dentro de la zona del derrame donde está el sistema Tinajas 1, no se encontraba ninguna infraestructura construida”, pero las mismas imágenes satelitales, de enero de 2014 y junio de 2014, evidenciaron “la construcción del sistema de represos para el manejo de lixiviados”.

“El derrame del 6 de agosto de 2014 (dos meses después de la imagen en la que se aprecian actividades de construcción en el sistema), se presentó como resultado del primer evento de precipitación intenso en el que operó dicho sistema, lo que hace evidente un mal diseño hidráulico de este sistema de presas, es decir, con la primera lluvia fueron rebasadas”, se añadió.

Además, se destacó que para abril de 2018, las mismas imágenes satelitales muestran que tuvo lugar una “reingeniería” del sistema de represas, con la finalidad de mejora la estructura original de éstas, por lo que se incrementó la capacidad del vaso de almacenamiento, se impermeabilizó el embalse, se reubicó la planta de bombeo para evitar un rebase, y se instalaron bordos intermedios al interior del vaso.

“Con estas acciones de reingeniería del sistema Tinajas 1, la empresa minera acepta de forma implícita el mal diseño hidrológico del sistema original, invirtiendo recursos importantes en la adecuación del sistema”, se enfatizó en el informe, en el que, no obstante, se subrayó que las consecuencias “ambientales y económicas” como consecuencia de ese desastre no habían sido atendidas hasta ese momento.

“Las consecuencias ambientales y económicas que se derivaron del derrame de los 40 mil metros cúbicos de ácido acidulado sobre las comunidades y ambiente no fueron igualmente atendidas”, se indicó en el Dictamen Diagnóstico Ambiental. Río Sonora, en el que se puntualizó que resultaron afectadas cinco zonas, de las cuales la empresa minera responsable atendió sólo a una.

Habitantes y activistas ambientales han señalado en diversas ocasiones que el informe ofrece el panorama más claro a la fecha sobre la escala catastrófica del accidente y, con él, una nueva esperanza de que Grupo México, finalmente, sea obligado a asumir sus responsabilidades financieras después de una década de enfrentamientos judiciales y promesas incumplidas.

En el estudio se evidenció que “existe una problemática de contaminación de metales pesados en toda la cuenca del río Sonora. Por ejemplo, se encontró la presencia de mercurio “por encima del límite establecido”, en el mismo caso se hallaron restos de aluminio y hierro, en menor medida con el manganeso, que, sin embargo, presentó “concentraciones muy por encima de los límites establecidos” en algunos puntos.

“Estos resultados indican que la remediación de la calidad del agua del río Sonora, que debió ocurrir posterior al derrame de 2014, no fue realizada de forma satisfactoria. De hecho, la contaminación por metales pesados en el río está presente desde la parte alta y hasta la presa el Molinito. Ocho años después del derrame, se documenta una persistencia de la contaminación del agua superficial que pone en riesgo la salud ambiental y de las personas en la zona”.

“De hecho, la contaminación por metales pesados en el río está presente desde la parte alta y hasta la presa el Molinito. Ocho años después del derrame, se documenta una persistencia de la contaminación del agua superficial que pone en riesgo la salud ambiental y de las personas en la zona”, se añadió en el documento de la Semarnat, en el que alertó de “las implicaciones de salud humana de todas las comunidades del río Sonora”.

“Tal y como se aprecia en los resultados, existen algunos pozos con alguno de estos parámetros fuera de la norma, lo que representa un riesgo a la salud de las comunidades que al día de hoy consumen esta agua”, se reiteró en el diagnóstico, en el que se señaló que, tras el derrame, la empresa responsable adquirió e instaló plantas potabilizadoras en las fuentes de abastecimiento de todas estas comunidades, como medida resarcitoria.

No obstante, tales plantas no se pusieron en operación, aseguró el informe, lo que tuvo como consecuencia que los habitantes de la comunidades afectadas por el derrame tóxico del 2014, continuaran con el consumo regular de esa agua contaminada, lo ​​que “representan un riesgo a la salud de las personas”, un total de 22 mil habitantes de la sierra norte de Sonora.

Sin embargo, tras la publicación del informe de la Semarnat, Grupo México rechazó la validez del estudio, en el que se acusa a la minera de mantener pendiente la remediación ambiental de los ríos Sonora y Bacanuchi, que en ese momento cumplía poco más de nueve años de haber sido afectado por un derrame sobre sus aguas de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre.

A través de un comunicado, en octubre de 2023, la empresa minera aseguró que, tanto el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) —organismos que llevaron a cabo las muestras en sitios de la cuenca del Río Sonora—, “carecen de facultades” para dicho propósito.

Lo anterior, se argumentó, debido a que la competencia real es de la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la propia Semarnat, para recopilar las muestras de aguas superficiales, subterráneas y suelos, respectivamente.

“Los resultados que integran el documento difundido en días pasados, contradicen a los que a lo largo del tiempo han hecho públicos la Conagua y la Cofepris, los cuales están soportados por laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y avalados por diversas instituciones, argumentó Grupo México, quien también señaló que los supuestos hallazgos de los muestreos presentados “carecen de cualquier nexo de causalidad” con los hechos ocurridos en 2014.

Asimismo, aseguró que los hallazgos señalados en el informe omitieron otras fuentes de contaminación como la minería ilegal, la descarga de aguas negras sin tratar y la acumulación prolongada de residuos de abonos agrícolas e insecticidas, e incluso, la minera aseguró que los resultados de la EMA establecían condiciones ambientales y la integridad de los ecosistemas iguales a las del antes del accidente en dichos ríos.

“Los metales presentes en aguas superficiales, aguas subterráneas, suelos y sedimentos en estos ríos son iguales o inferiores a los valores de fondo existentes en la zona, es decir, a los niveles que ya existían antes del incidente”, sostuvo Grupo México, el cual resaltó que los estudios médicos, epidemiológicos y biológicos indicaron que “no existió riesgo ni daño a la salud en la población del Río Sonora como consecuencia del derrame”.

“Durante cinco años posteriores al evento, se realizaron monitoreos de agua en 35 estaciones de muestreo y 33 pozos, incluida la Presa El Molinito. Además, durante tres años, para valorar el riesgo ecológico se realizaron bio-monitoreos que incluyeron análisis de exposición a metales, de toxicidad vegetal, genéticos en invertebrados y de flora”, presumió.

Pese a este posicionamiento de Grupo México, el pasado mes de marzo, la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH) emitió la Recomendación 50/2024, en la que confirmó, por su parte, que la minera es responsable del derrame y que no se han llevado a cabo las reparaciones necesarias en el caso del derrame tóxico que una mina de Grupo México provocó en el río Sonora.

El documento destaca que tanto la empresa como las instituciones gubernamentales han violado los derechos humanos de las víctimas del derrame durante 10 años de manera persistente, debido a que no han implementado acciones coordinadas para trabajar, por lo que no han cumplido con su responsabilidad de reparar el daño que ese hecho causó, y que cuando han asegurado que se realizaron acciones al respecto, han sido insuficientes o inexistentes.

Además, se menciona que aunque en un primer momento se determinó un “Convenio como mecanismo de acción resarcitoria”. del que se desprendió la creación de un “fideicomiso como un mecanismo de pago respecto de reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas, el monto destinado fue de dos mil millones de pesos”, pero tras el cierre del Procedimiento Administrativo, todas estas acciones quedaron sin efecto.

“En febrero de 2017, se determinó el cierre del PA y en consecuencia lógico – jurídica, las acciones que de este emanaron, debido a que se habían formulado las determinaciones correspondientes que en su momento tuvieron por remediados los impactos ambientales y reparado el daño a la población afectada con motivo del derrame”, indica la recomendación de la CNDH.

Además, señala a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de no aceptar la responsabilidad que le corresponde y, por el contrario, proteger a Grupo México, ya que por años se ha negado a transparentar la documentación oficial que existe sobre el caso, situación que ha permitido que la empresa propiedad de Germán Larrea se mantenga en la impunidad, como lo han evidenciado diversos colectivos y activistas.

En un comunicado que se publicó el pasado 5 de junio, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), que integran los habitantes de ocho municipios – Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo rural– que resultaron afectados por el derrame en 2014 de la mina Buenavista del Cobre, acusaron “de impunidad para Grupo México”, por este caso.

En su misiva, los afectados solicitaron a Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta electa, que su agenda “contemple abordar el caso del peor desastre ambiental en la historia de la minería en México”. Además, hicieron un llamado “a cumplir con su palabra y escuchar las voces de quienes habitamos en el Río Sonora; a que ella y su equipo trabajen un plan de transición, para que no transcurra otro sexenio sin justicia”.

Lo anterior, debido a que en una década, afirmaron, no ha habido reparación del daño ni castigo a los responsables. “10 años de afectaciones a más de 22 mil personas; 10 años de enfermedades graves en quienes habitamos la zona del Río Sonora a causa de los metales pesados que esta empresa arrojó al río; 10 años de muertes, simulaciones por parte de autoridades y negligencias”, enfatizaron los CCRS.

Este martes 6 de agosto, los Comités de Cuenca del Río Sonora conmemoraron el décimo aniversario de lucha por la justicia tras el derrame tóxico que ocasionó “la negligencia de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México”, en 2014, y recordaron que se han incumplido las promesas por parte del Gobierno mexicano y de la empresa responsable para la reparación del daño.

Mediante un comunicado, enfatizó que hasta hoy “las personas afectadas siguen sin recibir atención de salud especializada en toxicología, y tampoco se les ha asegurado a todas las comunidades agua libre de contaminación”, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía en general para “unirse y ‘defender al río de quienes lo enferman y dañan con tal de llenar sus bolsillos’”.

“Tenemos derecho a un futuro donde nuestra agua esté limpia, nuestras tierras sean fértiles y fuente de vida, y donde nuestras comunidades prosperen, no nos queremos ir. Queremos un futuro en el que autoridades dejen de voltear a otro lado cuando empresas como Grupo México contaminan las aguas; queremos un futuro donde nuestro planeta este protegido ante la maldad de quien hace daño y no responde”, añadieron.

Por su parte, este mismo martes 6 de agosto, el Presidente López Obrador fue cuestionado sobre este caso del río Sonora, del que aseguró su Gobierno reabrió el caso, para lo que se han establecido reuniones permanentes, de las que está a cargo la Secretaría de Gobernación, y anunció que en esta semana la titular de esa dependencia, Luisa María Alcalde Luján, informará sobre el asunto.

“Nosotros hemos reabierto el caso, ya se tiene un dictamen que se presentó, está en las redes sociales, y se está pidiendo que la empresa se haga cargo de los daños, y se está planteando que se resuelva el problema de la contaminación del agua, esto lo está viendo la Secretaría de Gobernación. Y hay reuniones constantes, permanentes”, dijo el mandatario federal.

Crédito: SINEMBARGO