Vinculan a proceso a 11 implicados en red de corrupción inmobiliaria en CDMX
Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a 10 empresarios del sector inmobiliario y al ex director jurídico de la alcaldía Benito Juárez, Luis Vizcaíno, como presuntos responsables de asociación delictuosa.
Después de una audiencia de ocho horas, el juez determinó que existían pruebas suficientes para someter a los acusados a proceso, aunque estos llevarán su juicio en libertad. El juez también fijó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación complementaria. Además, ratificó las medidas cautelares de presentación periódica, exhibición de garantía económica y prohibición de salir del país para los empresarios, mientras que al ex funcionario panista le fue confirmada la prisión preventiva.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los empresarios Luis, José, Carlos, Guillermo, Miguel, Carlos, Eduardo, Sergio, Mario y Alejandro, en conjunto con Vizcaíno, formaron una sociedad para la construcción de dos desarrollos inmobiliarios en la alcaldía Benito Juárez.
Irregularidades en permisos y trámites
La Fiscalía sostiene que durante la administración de Christian von Roehrich, exjefe delegacional panista de Benito Juárez, los empresarios fueron favorecidos para obtener permisos y realizar trámites que les permitieran construir complejos departamentales, algunos de los cuales no cumplían con las normas de desarrollo urbano de la demarcación.
Desde el final de esa administración, la Fiscalía capitalina inició una investigación sobre una red de corrupción inmobiliaria que, presuntamente, operaba desde la alcaldía Benito Juárez. El año pasado, la Fiscalía integró otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito en pandilla y realizó cateos en nueve inmuebles vinculados con esta red, que se gestó bajo la gestión de Von Roehrich, actualmente preso en el Reclusorio Norte, y que involucraba a diversos empresarios del ramo.
La investigación comenzó tras detectarse que un grupo de corporativos vinculados con funcionarios del gobierno de Benito Juárez habían incrementado su patrimonio con la adquisición de bienes que, hasta el momento, no podían justificar con base en sus cargos públicos.
La denuncia de un empresario, quien alegó haber sido extorsionado con 3 millones 250 mil pesos para concluir sus obras y obtener la autorización de uso y ocupación, destapó la “red de protección para empresas constructoras” que operaba en conjunto con funcionarios de la alcaldía. Según las declaraciones del empresario, este modus operandi se implementó desde 2015 y fue recurrente durante al menos tres administraciones.
