Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) emitieron órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y el comandante de Hamás, Mohammed Deif, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra entre Israel y Hamás.
Según la CPI, se encontraron “motivos razonables” para acusar a los tres individuos, señalando a Deif por crímenes como asesinato, tortura, y violación, mientras que Netanyahu y Gallant serían responsables de “actos inhumanos”, incluido el uso del hambre como arma de guerra y ataques deliberados contra civiles. La acusación de los fiscales se centra en los eventos del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó Israel, matando a más de 1.200 personas y tomando a 251 como rehenes, lo que llevó a Israel a lanzar una ofensiva militar en Gaza.
Tanto Israel como Hamás rechazaron las acusaciones, y el cumplimiento de las órdenes dependerá de los 124 estados miembros de la CPI, entre los cuales no están ni Israel ni Estados Unidos. La CPI, aunque no tiene jurisdicción directa sobre Israel, extendió su autoridad a los territorios palestinos debido a la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma.
El corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, destacó que las órdenes de arresto son un “duro golpe” para la posición internacional de Israel, y subrayó que para los palestinos, especialmente los de Gaza, esta decisión representa un reconocimiento internacional de sus acusaciones de crímenes de guerra por parte de Israel.
El gobierno israelí rechazó las acusaciones, calificando la decisión de la CPI como “falsa” y “antisemita”, comparándola con el caso de Dreyfus en el siglo XIX. Hamas, por su parte, celebró las órdenes de arresto, considerándolas un paso importante para corregir injusticias históricas y pidió a la comunidad internacional que actúe para detener lo que calificó de “genocidio” en Gaza.
