Arrestan al exministro de Defensa surcoreano por imposición de ley marcial en medio de un escándalo político
El exministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong Hyun, fue arrestado formalmente bajo graves acusaciones de rebelión y abuso de poder, tras su implicación en la imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Este decreto, que duró apenas seis horas, ha desatado una crisis política sin precedentes, exponiendo tensiones en la administración del presidente Yoon Suk Yeol y generando protestas masivas en el país.
La ley marcial, la primera en Corea del Sur en más de cuatro décadas, fue impulsada por Yoon y sus colaboradores con el aparente objetivo de sofocar la creciente oposición en el Parlamento. Según las investigaciones preliminares, Kim desempeñó un papel central en el diseño de esta estrategia, incluso ordenando el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional para impedir que los legisladores votaran la revocación del decreto. Pese a estos esfuerzos, los parlamentarios lograron rechazar la medida de forma unánime, obligando al gobierno a levantarla al amanecer del día siguiente.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl aprobó la orden de arresto contra Kim, quien enfrenta cargos que podrían implicar la pena de muerte. En un comunicado, Kim reconoció su responsabilidad, pidió disculpas públicas y solicitó clemencia para los soldados involucrados, argumentando que solo cumplían órdenes. Sin embargo, esta declaración ha sido recibida con escepticismo, dado que las investigaciones apuntan a una coordinación directa entre altos mandos militares y el propio presidente.
El Parlamento, controlado por la oposición, aprobó una moción para designar un fiscal especial independiente que investigue a Yoon y otros altos funcionarios. Legisladores del Partido Democrático sostienen que el Ministerio Público, vinculado previamente al presidente, no puede garantizar una investigación imparcial.
Durante una audiencia legislativa, el comandante del Comando Especial de Guerra, Kwak Jong Keun, testificó que Kim ordenó explícitamente bloquear el acceso de los legisladores a la cámara principal, con la intención de evitar que alcanzaran los votos necesarios para invalidar el decreto. Este testimonio confirma la intencionalidad detrás del uso de las fuerzas armadas como herramienta para socavar el orden constitucional.
Este caso no solo ha puesto en entredicho la legitimidad del gobierno de Yoon, sino que ha abierto un debate nacional sobre los límites del poder ejecutivo y las garantías democráticas en Corea del Sur. La prohibición de viajar al extranjero impuesta al presidente y a varios de sus colaboradores refleja la gravedad del escándalo, cuya resolución marcará un precedente en la historia política del país.
