La presidenta Claudia Sheinbaum denunció una red de corrupción al interior del Infonavit, permitida por una estructura que impide la transparencia y la auditoría efectiva. Estas irregularidades incluyen la triangulación de recursos entre empresas contratadas, la omisión en el cobro de penalizaciones, indemnizaciones injustificadas y la venta de un mismo inmueble en múltiples ocasiones.
La mandataria señaló que dichas prácticas involucran a empleados del instituto, notarios, despachos y peritos valuadores que han otorgado créditos repetidos sobre las mismas viviendas, perjudicando a los trabajadores.
El objetivo del gobierno con la reforma al Infonavit es reestructurar el instituto para hacerlo más transparente y garantizar el uso adecuado de los ahorros de los trabajadores. Sheinbaum destacó que se busca cumplir con el derecho a la vivienda, no solo como fondo para desarrolladores, sino como un mecanismo que ofrezca certeza a los empleados sobre el destino de sus recursos.
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que la reforma respeta el tripartismo paritario en los órganos de gobierno y homologa el esquema corporativo al del IMSS. Entre los cambios propuestos, se encuentra que el director general sea nombrado directamente por la presidenta, la eliminación de direcciones sectoriales sin funciones sustantivas y la desaparición de los pagos por asistencia a sesiones, que actualmente oscilan entre 60 y 90 mil pesos.
Además, se busca erradicar la resistencia del instituto a permitir auditorías. Romero Oropeza afirmó que el Infonavit ha impedido la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, obligando incluso a exdirectores a ampararse para evitar resoluciones. La reforma tiene como objetivo garantizar que los fondos de los trabajadores sean utilizados de forma transparente y que quienes no necesiten aplicarlos para vivienda puedan recibirlos como parte de su jubilación.