Sheinbaum acusa a Norma Piña de bloquear elecciones judiciales y reformas constitucionales
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y a varios ministros de intentar frenar las reformas constitucionales al Poder Judicial y de obstaculizar el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros programado para el 1 de junio.
En su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que la SCJN, bajo el liderazgo de Piña, ha tomado tres acciones específicas contra la reforma. Entre estas, mencionó que han aceptado amparos para evitar que los recursos de los fideicomisos sean transferidos a la Tesorería de la Federación, a pesar de que la Constitución lo estipula.
Además, acusó a la Corte de interrumpir el trabajo de las comisiones encargadas de evaluar a los aspirantes del Poder Judicial, lo que consideró una violación a la Constitución. “El amparo no aplica en reformas constitucionales, y el Tribunal Electoral ya determinó que estos temas no son competencia de la Corte”, señaló.
Sheinbaum también denunció que la SCJN busca reducir las prestaciones de los trabajadores tras el recorte presupuestal, pese a que los derechos laborales están protegidos constitucionalmente.
Para abordar esta situación, Sheinbaum informó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y a la consejera jurídica, Ernestina Godoy, a dialogar con el Senado para garantizar los derechos de los tres mil aspirantes inscritos en el proceso electoral del Poder Judicial.
“El 1 de junio habrá elecciones como lo establece la Constitución. No hay fundamento jurídico para interrumpir este proceso”, afirmó la mandataria, quien también criticó el manejo presupuestal de la SCJN y pidió ajustes en las prestaciones de los ministros.
Por su parte, Rodríguez y Godoy señalaron que, en una reunión con los ministros, escucharon sus argumentos y recalcaron que no se puede vulnerar el derecho de quienes buscan participar en el proceso electoral. Añadieron que explorarán con el Senado mecanismos legales para garantizar la continuidad del proceso y la protección de los derechos de los aspirantes.
