El Poder Judicial de Argentina suspende decreto de Milei para privatizar el Banco de la Nación
La Justicia argentina bloqueó este martes el decreto presidencial de Javier Milei que buscaba convertir el Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima, por considerarlo un intento de privatización encubierta de la principal entidad financiera del país.
El fallo se basa en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como Ley Bases, que establece explícitamente que el BNA no puede ser privatizado, al igual que otras empresas estratégicas del Estado como Aerolíneas Argentinas e YPF.
Este revés judicial llega en un contexto de creciente crisis política y económica para el presidente Milei, quien enfrenta un escándalo relacionado con la criptomoneda $Libra, que se convirtió en una estafa de grandes dimensiones. Además, el mandatario se encuentra en el centro de diversas investigaciones judiciales tanto en Argentina como en otros países, con nuevas pruebas que implican a su círculo cercano, incluido su hermana Karina Milei, en un escándalo financiero.
Analistas locales sugieren que el presidente está tomando decisiones rápidas y perjudiciales para el país, posiblemente como parte de un intento por allanar el camino para intereses externos.
La decisión de suspender el decreto fue celebrada por Sergio Palazzo, líder del gremio de los bancarios, quien destacó que el BNA está excluido de la lista de empresas a privatizar según la Ley Bases. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, señaló que la delegación de facultades al Ejecutivo, como lo establece el decreto, excede los límites establecidos por el Congreso.
El BNA, que controla el 18% de los depósitos privados y el 50% de los depósitos públicos, juega un papel crucial en la economía del país, con 658 sucursales que sirven a poblaciones remotas.
Por otro lado, Milei nombró por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para cubrir vacantes en la Corte Suprema, lo que ha generado controversia debido a la falta de acuerdo en el Congreso para la aprobación de estos magistrados. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó la decisión de Milei, argumentando que la Corte no podía operar con solo tres miembros.
