México expuso este martes sus argumentos ante la Corte Suprema de Estados Unidos en una demanda contra fabricantes y distribuidores de armas, acusándolos de prácticas comerciales negligentes que fomentan el tráfico ilegal hacia México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificó este día como “histórico”, señalando la importancia de este caso para combatir el tráfico de armas, cuyo fallo se espera en verano.
Este litigio se origina en una demanda presentada en 2021 contra ocho compañías armamentistas ante una Corte Federal en Boston. En 2024, México logró superar la inmunidad otorgada por la ley estadounidense a estas empresas, gracias a una resolución favorable de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito. La Cancillería destacó que las acciones de estas compañías facilitan el tráfico de armas a México, exacerbando la violencia y el sufrimiento en el país. En su comunicado, afirmó: “Este caso no versa sobre la segunda enmienda ni sobre el derecho de los estadounidenses a portar armas. Gira en torno al tráfico ilícito de armas hacia México como resultado de prácticas irresponsables de los fabricantes”.
El objetivo de México es frenar el flujo ilegal de armas que alimenta la violencia en el país, como expresó la presidenta Claudia Sheinbaum: “Ellos tienen la prueba más contundente… el 74% de las armas incautadas en México provienen ilegalmente de Estados Unidos”, destacó, citando un informe del Departamento de Justicia de EE. UU.
Este litigio ha recibido apoyo de diversos sectores en ambos países, incluidos legisladores, autoridades estadounidenses y organizaciones civiles, que han presentado nueve escritos de “amigo de la corte” a favor de México. La SRE explicó que, bajo el liderazgo del Canciller Juan Ramón de la Fuente, México busca que la industria armamentista rinda cuentas y modifique sus prácticas para detener el flujo ilegal.
El caso, que involucra una demanda por 10 mil millones de dólares, ha generado escepticismo entre algunos magistrados de la Corte Suprema, dada la mayoría conservadora que ha favorecido la expansión de los derechos de armas. Sin embargo, los abogados de México han presentado pruebas sólidas, mostrando que la mayoría de las armas utilizadas en delitos en México provienen de EE. UU.
Además, se destaca que la ley de protección del comercio legal de armas, de 2005, limita las demandas contra fabricantes de armas, pero permite que procedan si se demuestra que las lesiones fueron causadas por violaciones conscientes de las leyes de armas de fuego.
Recientemente, un informe reveló que las armas confiscadas en México, rastreadas hasta su compra en EE. UU., provienen mayoritariamente de Texas y Arizona, con un aumento significativo en el tráfico desde Arizona.
En una victoria reciente, México consiguió una resolución favorable en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que determinó que las empresas no pueden acogerse a inmunidades previas otorgadas por la ley. Esto podría tener importantes repercusiones en la responsabilidad de la industria armamentística de EE. UU. A pesar de que las empresas demandadas argumentan que la intervención de múltiples actores diluye su responsabilidad, el litigante Alejandro Celorio señaló que el caso no solo se trata de tráfico de armas, sino de establecer la relación directa entre las acciones de las empresas y el daño sufrido en México.
La decisión de la Corte Suprema se espera para el verano, lo que determinará el futuro del litigio. Además, una segunda demanda contra tiendas de armas avanza en Tucson, Arizona, para asegurar que todos los involucrados en la cadena de suministro de armas rindan cuentas.
