Congreso exige cancelar 26 candidaturas judiciales por antecedentes penales y falta de requisitos académicos
La Cámara de Diputados y el Senado de la República solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas a cargos judiciales, argumentando incumplimiento de requisitos constitucionales y académicos.
Según el informe entregado al INE por los presidentes de ambas cámaras, Sergio Gutiérrez Luna (Diputados) y Gerardo Fernández Noroña (Senado), 18 aspirantes enfrentan investigaciones penales vigentes por delitos graves, como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. Esto los inhabilita, según los artículos 95 y 97 de la Constitución, que exigen a los candidatos judiciales “gozar de buena reputación”.
Además, se denunció que algunos de ellos han otorgado amparos o absoluciones indebidas a personas vinculadas con el crimen organizado, comprometiendo su imparcialidad. Entre los casos destacados se encuentran:
- Fernando Escamilla Villarreal, por sus vínculos con imputados de delincuencia organizada.
- Jesús Humberto Padilla Briones, señalado por portación de arma y delitos contra la salud.
- Francisco Martín Hernández Zaragoza, destituido en 2015 por acusaciones de abuso sexual.
Por otro lado, ocho candidaturas fueron objetadas por no alcanzar el promedio académico mínimo de 8.0 en la licenciatura, requisito esencial para postularse como juez o magistrado.
“El promedio registrado de entre 7.0 y 7.93 no garantiza la preparación jurídica necesaria para los cargos de jueces y magistrados”, explicó Gutiérrez Luna, quien también subrayó:
“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética. Permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia”.
Asimismo, el legislador alertó sobre un posible conflicto de interés en algunos casos:
“Algunas de las personas enlistadas han fungido como defensores de individuos vinculados al crimen organizado”.
Finalmente, ambos legisladores instaron al INE a cancelar las candidaturas señaladas para proteger la integridad y credibilidad del Poder Judicial:
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, concluyó Gutiérrez Luna.
