FGR alista reformas al sistema penal para ampliar la acción penal y tipificar nuevos delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) prepara un paquete de reformas constitucionales y legales con el objetivo de modificar el sistema penal y procesal mexicano, con propuestas que permitirían, entre otras medidas, que cualquier persona o institución pueda solicitar directamente a los juzgados el inicio de un proceso penal, sin necesidad de pasar por el Ministerio Público.
Así lo dio a conocer Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), en entrevista con La Jornada, donde detalló que también se buscan establecer nuevos tipos penales para castigar delitos como el desplazamiento forzado y el reclutamiento forzado.
“El marco normativo actual tiene bastantes deficiencias tanto en lo sustantivo como en lo procesal, y por eso la fiscalía se ha abocado a hacer proyectos normativos para tratar de que sea eficiente, funcional y cumpla los objetivos”, explicó. Agregó que ya se han presentado propuestas a Ricardo Monreal y a la consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, que abarcan aproximadamente 21 ordenamientos.
Entre los cambios propuestos se encuentra una modificación al régimen de extinción de dominio, con el fin de que el tipo penal incluya las figuras de objeto e instrumento del delito. Actualmente, la ley sólo permite proceder en casos de abandono o decomiso, lo que, según Castillo, limita la recuperación de bienes provenientes del delito: “Los jueces son muy reacios a declarar el abandono y el decomiso, por lo que deberíamos avanzar en buscar mayor impacto en la riqueza patrimonial de las organizaciones delictivas”.
También destacó la necesidad de reformar el delito de tráfico de armas. “Basta con que estén desarmadas, por lo que quienes realizan estas actividades quitan una pieza, como el percutor. Y dado que la ley dice que para que sea un arma de fuego tiene que funcionar, pues ya no lo es. Entonces, aunque los detengas y los quieras procesar, no es delito”.
En cuanto a la Ley de Migración, criticó que el tipo penal que sanciona el tráfico de personas exige que haya intención de evadir la revisión migratoria y lucro. No obstante, dijo, la Suprema Corte ha establecido que el Instituto Nacional de Migración (INM) sólo puede realizar revisiones en puertos de entrada, lo cual impide sancionar estas conductas dentro del territorio nacional. “Si la acción la hizo la Guardia Nacional, tampoco tiene facultades para eso, y por lo tanto, no hay delito”.
El funcionario también adelantó que se trabaja en una serie de leyes secundarias que incluirán nuevos delitos de competencia federal. “Estamos buscando que se incorporen los tipos penales que no existen en el ámbito federal; por ejemplo, el desplazamiento y reclutamiento forzado”.
Sobre la extorsión, sostuvo que debe dejar de considerarse únicamente como un delito patrimonial. “Todos sabemos que ya no es un tema nada más de patrimonio, sino que hay afectación a la seguridad de las personas. Estamos buscando que se convierta en un delito tipo secuestro y que las penas y los supuestos se incrementen”.
Por último, reveló que el fiscal Alejandro Gertz Manero trabaja en un proyecto para ampliar la acción penal por particulares. “Para que puedan directamente ir a un juez de control, y de esa manera combatir también la consideración de que nosotros somos, digamos, el tapón”, concluyó.
